El Gobierno -es decir todos nosotros- ha sido condenado por los tribunales canarios a pagar 5,2 millones de euros a CaixaBank como avalista de un crédito a una empresa privada, Vanyera 3. La noticia ha navegado por los titulares de la prensa de las islas, que son las aguas por las que fluyen los rÃos manriqueños de nuestras vidas aunque estén llenas de tiburones y besugos, las dos especies más abundantes del biotropo insular. En la charca plácida del Parlamento sólo crecen las algas, que es lo único que prospera en las aguas estancadas. Que cada canario que trabaja tenga que apoquinar unos diez euros en el pago de una deuda de una sociedad privada, tiene su cosa. Porque la pregunta que a uno se le sube a la cabeza es qué hace un gobierno avalando deudas de una empresa privada. Y no se puede decir que se trate de una medida adoptada unilateralmente por el polÃtico de turno, ya que fue decidida con el apoyo unánime de todos los grupos polÃticos presentes en la Cámara legislativa regional. Habrá quien diga que la función social de la empresa Vanyera, que prestaba servicio en los comedores escolares públicos, es una razón más que suficiente para justificar el aval. O los quinientos puestos de trabajo que dependÃan de la empresa. Pero ninguna de estas dos razones se sostiene. Existen empresas con fines igual de sociales que se han ido al garete. O con parecido número de trabajadores. Es un principio (o debiera serlo) que la Administración no debe comprometer el dinero de los impuestos de los ciudadanos en el albur de una sociedad privada, por mucho que esta preste servicios de carácter estratégico para la sociedad. Pero esa misma Administración pública que no paga a sus proveedores, que acumula deudas y pone en grave riesgo la supervivencia de las empresas, decide un dÃa avalar las deuda de una empresa privada cuya grave situación económica la sitúa de proa al marisco. Inexplicable. Claro que el consejero de Hacienda que formalizó el trámite del aval fue José Manuel Soria, lÃder del PP canario y actual ministro de Industria. Asà que aunque la operación contara entonces con las bendiciones de todos los partidos polÃticos no descarten ustedes que la depuración de responsabilidades que tÃmidamente ha empezado a barajar el actual Gobierno canario se convierta, con el tiempo, en una alargada cuchilla polÃtica con la que hurgar en la pasada gestión del ministro. Se mire como se mire -aunque se mire como el cambio de una deuda por un aval-, el asunto del respaldo público a una empresa privada tiene mala pinta. Como todo en la vida tendrá una explicación. Y hasta es posible que sea razonable. Pero la forma en que ha terminado la operación demuestra lo costoso de mantener artificialmente lo que no funciona en un régimen de libre mercado. Y que al final pagan los de siempre.