LUIS F. FEBLES | Puerto de la Cruz
Existen voces críticas con las consecuencias que supondrán para Puerto de la Cruz la construcción y explotación del parque marítimo y del puerto deportivo, tras la más que previsible adjudicación de las obras al consorcio catalán Entelo.
En este punto, la situación de los terrenos para el parque marítimo, unos 130.000 metros cuadrados de lámina de tierra, ha sido el objeto de discrepancia entre el grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) y la formación política Vecinos por el Puerto (VxP).
Así, su portavoz, Jaime Coello, pone en evidencia la labor del alcalde, Marcos Brito, en todo el proceso de adjudicación. “El mandatario nacionalista ha desaparecido en todo el curso de la concesión, sin presencia de representantes municipales en las reuniones con Puertos Canarios, unido esto a un silencio que llama la atención”.
En este sentido, tilda de “cheque en blanco” la renuncia del Ayuntamiento portuense a la concesión administrativa de los terrenos del parque marítimo al Gobierno de Canarias. “Es increíble que hace 30 años el Consistorio recibiera la concesión para construir este espacio, eso demuestra el fracaso y la incapacidad del Gobierno local de gestionar una auténtica joya que otras ciudades desearían poseer para crear riqueza; le regalaron todo esta parcela a una empresa privada”, sostiene.
Además, Coello sigue sin entender cómo “no se ha pedido ninguna contrapartida, poniendo en bandeja esta preciada zona a cambio de nada”.
Un aspecto primordial para el concejal portuense ha sido la falta de consenso con la ciudadanía y el conformismo del alcalde. “Se va a construir un puerto sin el Puerto, sin contar con los vecinos y sus intereses para ceder una superficie al Gobierno canario sin saber qué va a pasar en el futuro; ha sido un negocio ruinoso”, apostilla el representante municipal.
Según el equipo de gobierno, la Administración local se ahorrará unos 20.000 euros anuales al no tener la concesión administrativa de los terrenos, que habían sido otorgados por 50 años mediante Orden Ministerial de 15 de octubre de 1982 para que se pudiera construir la citada infraestructura.