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Las miserias del plan contra la pobreza

Los consejeros del Gobierno de Canarias Inés Rojas y Javier González Ortiz
Los consejeros Javier González Ortiz e Inés Rojas. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Las arcas públicas están tan mermadas que no hay dinero para sufragar el ambicioso plan canario contra la pobreza. Así lo reconoció la pasada semana la consejera de Asuntos Sociales. En una reunión con representantes de los cuatro grupos parlamentarios, Inés Rojas dejó la financiación en manos de su homólogo de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. En concreto, fió la viabilidad del proyecto al reparto de la ampliación del déficit público entre las comunidades autónomas. Todo permanece en el aire hasta conocer el resultado que salga del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para dentro de unos días o principios de julio.

De momento, el Gobierno regional debe rendir cuentas en el pleno de hoy y mañana a través de una comparecencia y de una pregunta al presidente a solicitud del Partido Popular. El grupo mixto aprovechará su turno para sumarse a las críticas, como ya hizo la diputada Carmen Hernández el lunes 17 tras escuchar las “poco convincentes” explicaciones de Rojas. “Que no nos vendan humo”, comentó en relación a los “tímidos compromisos económicos”. La parlamentaria de Nueva Canarias urgió un plan de choque. “Esto no soluciona el hambre”, opinó Milagros Bethencourt, del PP. “Es un paripé y otro fracaso de Paulino Rivero”, arguyó.

Más comprensivos se mostraron José Miguel Ruano y Rosa Guadalupe Jerez. El presidente del grupo nacionalista valoró el compromiso de que en 2013 haya un fondo adicional y la diputada socialista apeló al consenso para “encontrar soluciones entre todos”.

Uno de los pilares de la estrategia es el plan que ejecutarán los ayuntamientos para desempleados cuyo núcleo familiar no posea ningún ingreso propio ni prestación social. En este sentido, el PP reta al jefe del Ejecutivo a que cumpla su palabra de aportar 10 millones de euros a esta iniciativa. Los 30 millones calculados al principio se han visto reducidos a 16, para 2.000 contratos temporales.