Piden prisión al vicepresidente del Cabildo grancanario por eludir impuestos

EFE | Las palmas de Gran Canaria

La Fiscalía de Las Palmas pide una pena de 9 meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para el vicepresidente del Cabildo grancanario, Carlos Sánchez (PP), al que acusa de eludir el pago de impuestos en el Ayuntamiento de Santa Brígida entre los años 2001 y 2004.

Según el escrito de acusación del fiscal Miguel Pallarés, el entonces concejal de Hacienda de Santa Brígida, Antonio Díaz, de acuerdo con Sánchez, que también era edil, dio órdenes verbales en 2002 a la empresa Mugest de recaudación para que no se cobraran impuestos municipales a ninguno de los dos.

En el caso del vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo, la Fiscalía le reconoce como atenuante el hecho de que haya regulado su situación tributaria con el Ayuntamiento tras compensar sus deudas relativas a los impuestos de vehículos, bienes inmuebles y de licencia urbanística.

El Ministerio Público acusa además a Antonio Díaz de dos delitos de malversación y uno de prevaricación, por los que solicita una pena de 16 años y medio de prisión, por contratar y favorecer al letrado y amigo suyo Adolfo Llamas Sánchez, para quien pide también una pena de dos años de prisión por un presunto delito de malversación.

Según el escrito de la Fiscalía, durante los años 2002 y 2007 y sin mediar contrato alguno, Llamas prestó servicios jurídicos al Ayuntamiento relativos a la gestión de personal por los que recibió 251.106 euros.

Además, entre los años 2002 y 2010, por actuar como letrado en defensa de la corporación, también sin procedimiento de selección alguno, este letrado se “embolsó con ánimo ilícito de enriquecimiento 334.120,14 euros”, recoge el fiscal.

Según la Fiscalía, Adolfo Llamas fue contratado de forma verbal por su amistad con Díaz, quien ocupó los cargos de concejal de Urbanismo y Vivienda de 2004 a 2005 y a partir del 5 de septiembre de 2005 y hasta 2007, alcalde de Santa Brígida.

Esta amistad, añade el escrito del fiscal, dio lugar a que Díaz autorizara el abono a Llamas de cuantas minutas presentara por recursos y pleitos judiciales, excediendo en mucho del precio máximo fijado con evidente perjuicio para las arcas municipales durante su mandato como alcalde.

Los exalcaldes Manuel Galindo, en 1996, y Carmelo Vega, en 2001, también contrataron a Llamas prescindiendo de todo procedimiento administrativo para su selección, si bien, por el tiempo transcurrido, los delitos de prevaricación que supuestamente cometieron han prescrito.

La Fiscalía acusa también a Díaz de aprovechar su etapa de concejal de Hacienda y Personal entre 2001 y 2003, y de alcalde a partir de 2005, para que el exalcalde Carmelo Vega contratara a su nuera y otras dos personas más de “forma grosera” y prescindiendo todo sistema de selección.

Estos hechos supuestamente cometidos por Vega también han prescrito, según el escrito de acusación, que añade que Díaz además formó parte de una mesa de contratación que adjudicó un contrato de suministro informático por valor de 150.000 euros a Antonio Hernández Armas, un amigo suyo, que proveía de material a la Autoescuela Camponuevo, perteneciente al político.

El concurso fue impugnado ante los tribunales pero los recursos se desestimaron, indica el escrito, que añade que Hernández también recibió del Ayuntamiento 136.531,18 euros, que no se corresponden ni con suministro de material informático ni con servicios de mantenimiento.

En relación al impago de los impuestos municipales, indica que Díaz en 2002 dio órdenes a la empresa de recaudación Mungest para que no se reclamaran tributos a él ni a su empresa, la autoescuela Camponuevo, ni a Carlos Sánchez.

Mungest, por ello, según el fiscal, no pudo cobrar nunca el IBI del solar, ya edificado, propiedad de Díaz, que está situado en el camino Las Arenillas, ni tampoco el IAE de la autoescuela del edil, quien ocultó al Ayuntamiento la titularidad de ambas en las declaraciones de bienes que presentó cuando fue elegido concejal y alcalde.

El Ministerio Público pide que se inhabilite a Díaz para el ejercicio de empleo o cargo público durante 53 años y que restituya al Ayuntamiento los 136.531 euros que se abonaron a su amigo por el suministro y servicios informáticos que no se correspondieron a la realidad.

El fiscal propone que el juez determine en sentencia la cantidad que debe pagar Díaz por los impuestos municipales que no pagó en su día, así como la indemnización que deben abonar él y Llamas por el perjuicio que causaron a las arcas del Ayuntamiento los trabajos de asesor que prestó el letrado.