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El Plan de Necesidad Social Básica evitará cortes de agua

Juan Delgado concejal del PP de Güímar y presidente Benchomo lucha
Juan Delgado (PP), concejal delegado de Servicios Sociales. | DA

NORBERTO CHIJEB | Güímar

Si los Servicios Sociales eran antes una obsesión del gobierno municipal, no es menos en el actual, en palabras de Juan Delgado, concejal delegado de esta área tanto con Rafael Yanes de alcalde como con su compañera de partido, Carmen Luisa Castro de alcaldesa.

Delgado ya advirtió hace unos meses de la necesidad de incrementar los recursos para los Servicios Sociales, y en concreto denunció algunos reparos que ponía a su gestión el anterior alcalde. Ahora tendrá la posibilidad de ejecutar con mayor celeridad esas ayudas de primera necesidad que requieren más de dos centenares de familias del municipio.

Delgado comentó en su día que maneja un presupuesto de un millón y medio de euros pero “casi la mitad se va en los 20 trabajadores que tenemos y en los 220.000 euros de ayuda a domicilio”. Delgado recordó asímismo la ayuda a los 15 menores del centro Chinguarito y los dos meses al año que pagan de alquileres sociales. Y lo seguirá haciendo porque “si hay que quitar cohetes, se quitan”, manifestó el concejal del PP.

Nadie sin agua

Ahora, desde el Patronato Municipal de los Servicios Sociales de Güímar, siguiendo la encomienda realizada por la actual alcaldesa, Carmen Luisa Castro, se viene trabajando en el desarrollo del plan de Necesidad Social Básica, que entre otras cuestiones operará determinadas modificaciones que tratan de dotar de mayor flexibilidad y agilidad en la tramitación de las ayudas sociales otorgadas por ese organismo autónomo del Ayuntamiento.

Asimismo, y dentro del referido plan, el concejal del área y presidente ejecutivo del Patronato, Juan Delgado, ha propuesto la posibilidad de estudiar vías de solución para aquellas familias más necesitadas que impidan la suspensión del suministro de agua potable, por ser un bien de primera necesidad, y un derecho humano como así se reconoció el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante las correspondientes modificaciones reglamentarias del servicio de abastos de agua, que impidan realizar cortes por impago sin el previo informe de los servicios sociales que verifique la situación socioeconómica de las familias afectadas.