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Rivero insiste en restringir la residencia ante el aumento “desmedido” de la población

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha pedido reflexionar sobre la necesidad de articular mecanismos que modulen el crecimiento poblacional en el archipiélago, después de que los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo presentaran una iniciativa para solicitar al Estado una regulación restrictiva sobre los permisos de residencia y trabajo a personas procedentes de países extracomunitarios.

Así lo manifestó el máximo dirigente regional durante el último post de su blog personal, en el que agregó que de esta manera, los canarios ejercitan una facultad recogida en el Estatuto de Autonomía.

Dicha facultad permite a la Comunidad Autónoma elevar propuestas al Estado en materia de residencia y trabajo de extranjeros para demandar que se adopten medidas que ayuden a modular el crecimiento poblacional en las islas.

«Un crecimiento que constituye, sin duda alguna, uno de los factores que vienen condicionando en las últimas décadas nuestro desarrollo socioeconómico, con efectos tanto en la prestación de los servicios públicos como en la evolución del mercado laboral», dijo el presidente.

«Los datos no mienten»

Para Rivero «los datos no mienten». «Canarias ha experimentado un incremento de población desmedido, especialmente en los diez o doce últimos años», aseveró.

«Si tomamos como referencia el censo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística a finales de 2012 -agregó-, Canarias es la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido la población -porcentualmente- en el período 2001-2011; en solo una década el número de habitantes del archipiélago se ha incrementado en un 22,9 por ciento, pasando de 1.694.477 habitantes en 2001 a 2.082.655 habitantes en 2011».

Añadió que este incremento se explica en gran medida por la llegada de personas extranjeras, recordando que en estos diez últimos años Canarias sumó 178.574 nuevos extranjeros.

«Si echamos la vista aún más atrás podremos comprobar cómo el año 1990 Canarias tenía 1.589.403 habitantes, lo que quiere decir que en apenas veinte años la población ha crecido en casi medio millón de personas», insistió.

«El sentido común invita a una reflexión»

Rivero destacó que no están en discusión las bondades que en muchos los aspectos la inmigración representa, como tampoco lo está la contribución que hacen quienes llegan a las Islas procedentes de otros lugares.

Comentó que tampoco genera dudas el carácter integrador de los canarios. Somos cruce de caminos, y sabemos lo que significa empezar de nuevo lejos de casa. «Ahora bien -detalló-, el sentido común y la responsabilidad han invitado, invitan e invitarán a una reflexión sobre la necesidad de articular mecanismos que modulen el crecimiento poblacional».

«Así lo he defendido siempre, y así lo sigo creyendo; y la iniciativa parlamentaria a la que he aludido con anterioridad constituye una poderosa invitación a reabrir este debate», aclaró.

El dirigente regional aseguró que la cuestión demográfica ha condicionado y condiciona el desarrollo de las políticas públicas por su afección sobre el territorio, sobre la prestación de servicios y sobre el empleo, resultando «especialmente determinante» en lugares como Canarias.

Canarias «no puede crecer demográficamente de manera infinita»

Observó que el archipiélago «no puede crecer demográficamente de manera indefinida, porque no hay recursos ni servicios públicos capaces de afrontar un crecimiento excesivo. La capacidad de carga del territorio es finita y los servicios que se prestarían a la comunidad no podrían responder al principio de cohesión social, que, por otra parte, es santo y seña para este Gobierno».

«Si la población tiene efectos directos sobre el territorio también lo tiene sobre el mercado laboral. El aumento demográfico experimentado por el Archipiélago en la última década no tiene que ver con el crecimiento vegetativo y sí con la llegada de mano de obra foránea», afirmó.

El canario apuntó que este hecho es especialmente delicado en un momento de «profunda crisis en el que escasean los puestos de trabajo». «Algo que, paradójicamente y en contra de lo que pudiera pensarse en un principio, -aclaró- no ha desanimado la llegada de foráneos, puesto que la incorporación de activos al mercado laboral canario sigue siendo importante».

Con todo, opinó que desde esa perspectiva, nadie puede poner en duda la legitimidad de una propuesta que pretende, en última instancia, que los parlamentos o gobiernos promuevan medidas en favor de sus propios representados. «Ese es el espíritu de la iniciativa que debatirá el Parlamento de Canarias. Un debate, insisto, absolutamente necesario», concluyó.