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Seamos justos – Por Nicolás Dorta

   

En Canarias apenas hay locales de música en vivo o de espectáculos para los artistas en general, que contra todo pronóstico siguen haciendo cosas: publicando discos, participando en proyectos, formando asociaciones, educando, en definitiva, generando cultura. Los pocos locales que existen están camino de desaparecer o convertirse en “otra historia”, si el Estado continua con esta presión, innecesaria, maliciosa e inoportuna, al control, a través de inspecciones de la Seguridad Social, a los locales de ocio con el punto de mira en el artista. Los inspectores exigen que los “empleados” estén debidamente contratados , es decir, que los músicos estén dados de alta como autónomos y paguen sus impuestos, como todo el mundo. Pero a muchos que sobreviven con estas “tocatas” se les hace cuesta arriba pagar más de 250 euros de autónomo porque sencillamente ese es el dinero, o menos, que reciben tras juntar varios bolos por actuar, cuando pueden, en los escasos bares existentes. No hablemos de los músicos que empiezan, cuyas puertas se cierran igualmente con este tipo de medidas drásticas.

El carácter inestable de los locales que ofrecen música en directo es una patología crónica de esta tierra. También hay que decir que muchos están poco acondicionados para la música en directo y que encima pagan una miseria por tener a los músicos sobre el “escenario”. La tendencia en los últimos años, ante las dificultades económicas (por parte de todos) es cobrar una entrada y repartir porcentajes, es decir, dejar al músico en una situación todavía más precaria. Sumemos esto a que en Canarias todavía no nos hemos acostumbrado a pagar para tener acceso a la cultura o al ocio, más bien a lo primero.

No se trata de que los músicos estén evitando pagar los impuestos, sino simplemente intentan sobrevivir, y así será más difícil ante la maraña burocrática que entierra a los más débiles. Es necesario buscar mecanismos legales y sobre todo justos, que los debe haber, entre la administración estatal y los artistas para llegar a un consenso, buscar una salida mejor a cuando una noche cualquiera, se multa a un pianista por tocar dos horas en un local al no dar parte de los cincuenta euros que percibe al Estado, sabiendo que nadie le va pagar la gasolina, ni el bocadillo, ni mucho menos su instrumento si se rompe por el camino. En este contexto es complejo hablar de equidad, de competencia desleal y de que todos los trabajadores tengan los mismos derechos ante la ley, porque sencillamente no se dan las condiciones justas para que así sea.