AGENCIAS | Santa Cruz de Tenerife
Las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para reformar el sector eléctrico implicarán una subida del precio de la luz del 3,2%, según explicó ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Este incremento se sumará al encarecimiento del 63% registrado entre 2003 y 2011, ocho años en los que la factura eléctrica media anual de los hogares ha pasado de 360 a 588,5 euros y se ha situado entre las más elevadas de Europa, superada tan solo por Irlanda y Chipre.
En el conjunto de 2012 y 2013 y tras las medidas adoptadas por el Ejecutivo para atajar el déficit de tarifa eléctrica, el recibo de la luz habrá subido el 8%, añadió Soria, quien aseguró que si el Gobierno no hubiera hecho nada el encarecimiento habría tenido que ser del 42% en esos dos años.
Ante el problema del déficit de tarifa eléctrica, que suma ya 26.000 millones de euros y se genera porque los ingresos vía recibo de la luz son insuficientes para remunerar todos los costes que soporta el sistema, y si no se hubieran tomado medidas, solo cabían dos alternativas: “La quiebra del sistema o el incremento de los precios por encima del 40%”, insistió Soria.
Tras las medidas aprobadas en 2012 para atajar el déficit de tarifa, quedaban pendientes de resolver unos 4.500 millones de euros, que el Gobierno ha decido repartir entre empresas (2.700), Presupuestos del Estado (900) y consumidores (900 millones).
El ministro de Industria explicó que en la actualidad los costes del sistema se desglosan así en una factura media de 588,5 euros: 47 eran para el pago de los extracostes peninsulares, 253 de las primas que reciben las energías verdes, 176 euros a la distribución, 52 euros a transporte y 199 a la energía.
Soria apuntó que entre 2003 y 2012, dos de las grandes partidas que soporta el sistema, primas a las renovables y coste de amortización del déficit de tarifa, se han disparado el 567%. “Las renovables han subido un 497%, los costes de distribución el 66% y los de transporte un 91%”, señaló Soria. Otra novedad es que la Tarifa de Último Recurso es que pasa a llamarse “precio voluntario al pequeño consumidor”, pues este nombre define mejor lo que es: es un precio no es una tarifa, no es obligatorio es voluntario y es para los pequeños consumidores (hogares y pymes), dijo.
La patronal de las grandes eléctricas, las principales asociaciones renovables, de consumidores, así como los dos grandes sindicatos (UGT y PSOE) y el primer partido de la oposición han mostrado su rechazo unánime a la reforma energética aprobada ayer por el Gobierno, que conlleva una inminente subida de la luz del 3,2%. El portavoz de energía del grupo del PSOE en el Congreso, José Segura, afirmó que la reforma aprobada no es tal, porque lo único que ha ocurrido es que Soria ha cogido “la máquina de podar” para reducir el déficit tarifario. “No hay reforma del sector eléctrico, ni modernización, ni modificación del mix energético ni cambio de modelo”, remachó.
[sws_grey_box box_size=»620″]Las renovables en Canarias, expectantes
El Gobierno estatal confirmó ayer que Canarias y Baleares tendrán un sistema específico de incentivos para las renovables, dentro de una reforma eléctrica que, a escala estatal, dará a las energías limpias un nuevo régimen vinculado al Tesoro más un diferencial de 300 puntos, lo que garantizará una rentabilidad del 7,5%, informó Europa Press.
Por tanto, y aunque en la España peninsular las patronales eólicas y fotovoltaicas montaron en cólera por la reforma aprobada ayer -que mantiene la supresión de primas- alertaron de problemas financieros y la quiebra de muchas empresas, en Canarias se mostraron prudentes en su reacción a la espera de conocer de forma más detallada el acuerdo del Consejo de Ministros y su alcance para el Archipiélago, según explicó anoche el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero.
Precisamente mientras el Gobierno central se reunía, esta asociación celebró ayer una jornada sobre este asunto, con la colaboración de la Universidad Europea de Canarias, la Confederación Canaria de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, la Mutua de Accidentes de Canarias y la Unión Española Fotovoltaica, cuyo director general, José Donoso, participó como ponente. A su juicio, achacar la deuda tarifaria de 28.000 millones a las renovables es utilizar los datos “de manera sesgada”, pues antes del auge de la fotovoltaica, en 2007, ya se generaban 3.000 millones de ese déficit al año, al tiempo que culpó a los gobernantes del 41% de la cifra total adeudada a día de hoy, por no haber regulado el sistema ni haber repercutido ese coste en la factura de la luz. Donoso criticó que “ni el anterior Gobierno estatal ni el actual han respetado la seguridad jurídica” al eliminar las primas a estas fuentes de energía. Abogó por implantar, de forma ordenada, la fotovoltaica para el autoconsumo de empresas, y el llamado balance neto, es decir, la posibilidad de que estas vendan la energía sobrante, lo que permitiría crear 6.000 empleos y salvar 7.000.[/sws_grey_box]