X
PROSPECCIONES PETROLÍFERAS >

El Supremo escucha esta semana a los peritos contrarios a los sondeos petrolíferos

   

Público asistente a una sesión plenaria del Cabildo de Fuerteventura

Público asistente a una sesión plenaria del Cabildo de Fuerteventura. / EFE

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

Los peritos que emitieron informes medioambientales en contra de las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas próximas a Canarias comparecerán esta semana ante el Tribunal Supremo en relación a la demanda presentada por el Cabildo de Fuerteventura contra los sondeos. Estas comparecencias se producirán este lunes y el miércoles con objeto de ratificar sus respectivos informes y, en su caso, responder a las preguntas y aclaraciones que les sean formuladas sobre su contenido.

Presentada en diciembre, la demanda del Cabildo de Fuerteventura contiene 11 informes periciales. El Cabildo fundamenta su protesta en la afección a los sistemas de desalación de agua, al ecosistema natural de la zona y en las carencias que advierte en el procedimiento administrativo seguido, tal como informó la corporación en su día.

Los fundamentos recogen aspectos como la no publicación del decreto del 16 de marzo de 2012 en el Diario Oficial de la Unión Europea, con el fin de abrir un procedimiento abierto a todos los candidatos idóneos. Otros argumentos se centran en la falta de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en los permisos de investigación o no atender a la riqueza de especies de fauna marina como cetáceos, tortugas o aves protegidas que se han documentado en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. El presidente del Cabildo majorero, Mario Cabrera, subraya en un comunicado la colaboración del colectivo El Guincho, que “ha sido imprescindible para todo este trabajo”.

Cabrera confía en que, ante los múltiples “frentes abiertos” contra las prospecciones estas se acaben parando, “porque no se puede imponer a un pueblo un proyecto energético peligroso, colonialista y antidemocrático”.

En mayo, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimó la suspensión del real decreto 547/2012, de 16 de marzo, por la que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos, y que había sido solicitada por el Cabildo de Lanzarote al amparo de las exigencias de una directiva comunitaria.