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Los aparcamientos de la discordia

J. F. J. | La Laguna

El reparto de las plazas de aparcamiento del Palacio de Justicia de La Laguna ha desencadenado en un enfrentamiento entre los funcionarios y magistrados que trabajan en este nuevo emplazamiento judicial, inaugurado oficialmente el pasado mes de junio. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha establecido el criterio de antigüedad para la asignación de estos estacionamientos, una decisión que no ha gustado a los jueces, quienes, con el apoyo de fiscales y secretarios judiciales, han elevado un escrito demandando que esta decisión sea reconsiderada.

Exigen que se tenga en cuenta su cargo, apelando a su dignidad profesional e incluso a razones de seguridad, un argumentario que la Junta de Personal de Santa Cruz de Tenerife rechaza por considerarlo completamente “injusto, prepotente e ilógico”. Estos trabajadores, por el contrario, aplauden la decisión de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de que sea la antigüedad de cada trabajador la que decida si tienen derecho o no a disponer de una plaza de aparcamiento en el edificio.

Los funcionarios reconocen que el asunto ha desencadenado en “un pulso” entre las partes, pese a tratarse de una cuestión “de menor importancia” frente a “los problemas más graves que atañen a todos los que participamos en la administración de Justicia de Canarias, como la falta de 32 nuevos órganos judiciales”, aseguran. Según la Junta de Personal, es tal la presión que están ejerciendo los magistrados para que se les otorgue prioridad en la asignación de plazas de aparcamientos que incluso han hecho llegar una misiva al director general de Justicia en la que aseguran que su derecho a estas plazas es “una prerrogativa inherente al cargo”, además, se quejan los funcionarios de “invocar a su condición de autoridades y al respeto a la dignidad”.

CUESTIÓN DE SEGURIDAD
“Lo más sorpresivo de la carta de los magistrados de San Cristóbal de La Laguna son los argumentos por motivo de seguridad, que afirman que se ve comprometida con experiencias en el territorio de la comunidad autónoma de Canarias de atentados contra vehículos de miembros integrantes de la carrera judicial”, aseguran desde el sindicato CSIF. Igualmente, la Junta de Personal rechaza que los jueces de Instrucción -“los únicos jueces del orden penal de La Laguna”, aclaran- se vean perjudicados por el horario establecido para el uso de dichos aparcamientos (de 7.30 a 20.00 horas), “por más que su función, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, abarque todos los días y horas del año, ya que el borrador del acuerdo alcanzado por todas las partes establece que el servicio de guardia tendrá a su disposición las plazas que se le han asignado mientras estén desarrollando sus funciones”, exponen los trabajadores.

Este colectivo ha calificado de “indignante” que los jueces también hayan planteado la posibilidad de pagar un canon por la utilización de estos estacionamientos, un extremo “nada equitativo”, ya que en ese caso “no podríamos disponer nunca de plazas en los edificios judiciales por la sencilla razón de que los magistrados tienen salarios que triplican los nuestros”.