Cabildo y Gobierno destinan 3,2 millones a violencia de género

Máñez, Abreu y Pérez, ayer, durante la rueda de prensa. / DA

J. MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Más de 3,2 millones de euros es el presupuesto que este año han dedicado el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife a la lucha contra la violencia de género. Así lo pusieron ayer de manifiesto el consejero insular de Bienestar Social, Aurelio Abreu, el consejero delegado del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) Miguel Ángel Pérez, y la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez. Estos fondos se coordinan para sufragar los distintos servicios de atención a las víctimas de violencia machista, al igual que para poner en marcha planes de prevención y formación en la población y los profesionales que trabajan en esta materia.

Asimismo, la responsable del Instituto canario de Igualdad aseguró que desde la Comunidad Autónoma se está trabajando para mantener el presupuesto destinado a este fin también durante el próximo año.

A partir del 1 de octubre, y durante un periodo de tres meses, ambas administraciones llevarán a cabo Programa de Prevención de la Violencia de Género y la Promoción de la Red Insular de Atención Especializada Mirabal. El mismo, que se encuadra en un convenio de colaboración con el Instituto Canario de Igualdad, incluye dos líneas de actuación, por un lado el proyecto de sensibilización en los municipios y el proyecto de intervención psicológica para víctimas de violencia de género en lista de espera de los Servicios Insulares de Atención a la Mujer.

Pérez explicó que los servicios de atención de Violencia de Género hay una lista de espera de entre 600 y 800 personas, que se podrá ver reducida con esta aportación económica.

El objetivo principal es aumentar el nivel de conocimiento, la visibilización y la sensibilidad social ante la violencia de género, así como sobre los recursos existente para la atención especializada a este colectivo.

Además, se pretende establecer canales de coordinación entre la Unidad Orgánica de Violencia de Género y los ayuntamientos, que faciliten a las víctimas el acceso a los distintos recursos.