EUROPA PRESS | Madrid
Los datos del Observatorio de Deuda de la Federación Española de Empresas de TecnologÃa Sanitaria (Fenin) muestran que el volumen de facturas pendientes de cobro por parte de las comunidades autónomas alcanzó a cierre de agosto de 2013 la cantidad de 2.500 millones de euros, con un plazo medio de pago de 323 dÃas. En el caso de Canarias, la deuda ascendÃa a 45 millones y el plazo a 133 dÃas.
El dato se mantiene prácticamente estable si se compara con los datos de agosto 2012, cuando la deuda se establecÃa en los 2.400 millones; sin embargo, como recuerda a Europa Press la responsable de las relaciones con las CCAA de Fenin, Gloria RodrÃguez, la situación era mejor ya que el plazo medio de pago era de 100 dÃas menos.
“Se ha formado una nueva bolsa de deuda porque en el momento en el que el Gobierno comunica un nuevo Plan de Pago a Proveedores las comunidades dejan de pagar la facturas, no les compensa pagar de otra manera ya que el Plan obliga al proveedor a renunciar a los intereses de demora”, recuerda RodrÃguez, quien lamenta la actual situación por la que pasan las empresas fabricantes y distribuidoras de tecnologÃa sanitaria en España.
El 50 por ciento de la deuda “prácticamente” es de 2012, lo que pone a las empresas ante una situación “insostenible” y de “incertidumbre”, más aún si se tiene en cuenta que, por el momento, “se desconoce cuándo el Gobierno hará efectivo el siguiente Plan”.
Las comunidades con mayor deuda son AndalucÃa (691 millones), la Comunidad Valenciana (513 millones) y Cataluña (273 millones), que copan el 60 por ciento de toda la deuda; le siguen Castilla-La Mancha (184 millones), Madrid (175 millones), Aragón (133 millones), Murcia (120 millones), Extremadura (82 millones), Baleares (75 millones), Galicia (62 millones), Castilla y León (57 millones), Canarias (45 millones), Asturias (38 millones), PaÃs Vasco (31 millones), Cantabria (11 millones), Navarra (7 millones), La Rioja (5 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1 millones).
En cuanto al pago, la que más retraso tiene en el pago es la Comunidad Valenciana con 604 dÃas, le siguen AndalucÃa (489 dÃas), Murcia (463 dÃas), Aragón (455 dÃas), Castilla-La Mancha (458 dÃas), Baleares (417 dÃas), Cataluña (401 dÃas) y Extremadura (373 dÃas). Madrid (187 dÃas), Asturias (178 dÃas), Galicia (139 dÃas), Canarias (133 dÃas), Cantabria (115 dÃas), Castilla y León (111 dÃas), La Rioja (99), PaÃs Vasco (75 dÃas), Navarra (67 dÃas) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (53 dÃas).
A la espera de que el Ejecutivo autorice un nuevo Plan de proveedores que de un respiro a las empresas del sector, RodrÃguez explica la contradictoria situación que se vive con la entrada en vigor de la Ley de Morosidad que obliga a las Administraciones públicas a pagar en un plazo máximo de 30 dÃas a los proveedores.
“La realidad en el sector es que en este momento el plazo medio de pago es diez veces superior al plazo legal, el plazo legal son 30 dÃas el plazo medio son 323 dÃa”, añade, no sin antes manifestar su esperanza a que salga a delante el proyecto de Ley que se está preparando para penalizar ese incumplimiento.
Para RodrÃguez es importante que la Administración “cumpla la ley”, porque “están poniendo en una situación muy difÃcil a las empresas del sector”, ya que “se sienten presionados por no haber crédito bancario y, por otra parte, sus proveedores piden cobrar su deuda que deben pagar en un máximo de 60 dÃas; a lo que se suma que tiene que pagar también los impuesto son haber cobrado la factura”.