Canarias envía el proyecto de modificación de la Ley de Vivienda al Consejo Consultivo

El texto llegará al Consultivo el próximo lunes, y este organismo tendrá hasta quince días para emitir su informe. / DA

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno aprobó ayer remitir el anteproyecto de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero y de Vivienda, al Consejo Consultivo, último trámite antes de enviar el texto definitivo al Parlamento.

Así se acordó en el Consejo que tuvo lugar durante la mañana del viernes, tal y como explicó el Ejecutivo regional en un comunicado de prensa.

El anteproyecto de ley ha sido sometido a información pública, al trámite de audiencia a los Cabildos insulares, ayuntamientos canarios y demás entidades sociales interesadas en el procedimiento conducente a la aprobación del citado anteproyecto de ley; también cuenta con el dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias y con todos los informes de los diferentes departamentos.

De este modo, el objetivo principal es posibilitar la intervención de la Administración en el ámbito de la vivienda libre, con medidas tanto de policía como incentivadoras y velar por la puesta a disposición de la ciudadanía más necesitada de todas las viviendas deshabitadas.

Con esta medida, se cumplirá con la función social de la propiedad, en aplicación de los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad y con el objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Constitución española, el derecho a una vivienda digna y adecuada del que son titulares las personas físicas empadronadas en alguno de los municipios de Canarias.

Con trámite de urgencia

La tramitación se inició, con carácter de urgencia, en el mes de mayo para asegurar el uso residencial de la vivienda y ofrecer una respuesta a las personas necesitadas de una vivienda.

Se hace especial hincapié en la urgencia de incluir en el mercado el amplio parque de vivienda desocupada que está en manos de personas jurídicas -entidades financieras y filiales inmobiliarias-, por lo que se contempla la creación de un Registro de Viviendas desocupadas.

En segundo lugar, se permite a las administraciones canarias implementar medidas de fomento como incentivos fiscales y subvenciones, entre otras dirigidas a favorecer el uso habitacional efectivo de la vivienda y dirigidas a las personas físicas.

Además se establecen medidas inspectoras y sancionadoras que hagan cumplir el deber de destinar de forma efectiva la vivienda al uso habitacional, en coherencia con la función social que debe cumplir y que afectará principalmente a las viviendas de titularidad jurídica.