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Coacciones telefónicas a los consumidores – Por Gustavo Matos

   

Llamadas a horas intempestivas. Mensajes de texto a los móviles en tonos amenazantes. Operadoras agresivas que nos asustan con todo tipo de males. Es la nueva modalidad de acoso al consumidor que algunas empresas, especialmente del sector de las telecomunicaciones, han puesto en marcha para amedrentar a los ciudadanos a fin de que paguen una supuesta deuda contraída con ellos. Son muchas las quejas que sobre estas prácticas se están haciendo llegar a las autoridades de consumo, detectando un incremento en esta forma de coacción en los últimos meses.

Las compañías de telecomunicaciones han decidido pasar a la acción ante el incremento de la morosidad consecuencia de la crisis. Pero no están dispuestas a hacer lo que corresponde en un Estado de Derecho que no es otra cosa que acudir a un Tribunal de Justicia y reclamar el pago de lo adeudado. No están dispuestos ha esperar los meses que tarda en dictarse una sentencia, multiplicado por los miles de casos que llevan, y arriesgarse a no cobrar nunca la misma. Mucho menos que el consumidor se defienda y que ellos tengan que demostrar la realidad de una deuda que en ocasiones es negada por el cliente. Así que prefieren acudir a esta especie de cobradores del frac 2.0 para acosar al consumidor y así recuperar una buena parte de la deuda que de otro modo quizá nunca harían. Saben que una buena parte de los consumidores ante esa campaña de acoso cederán y aunque no crean adeudar la cantidad optarán por pagar con tal de sacarse de encima el acoso al que están siendo sometidos. Estas empresas que ejercen estas prácticas se identifican como asesorías jurídicas de las compañías, cuestión que es falsa. Son empresas de recobro puro y duro que trabajan a comisión de lo recuperado, de ahí su agresividad.

Esto es inadmisible, requiere de un cambio normativo urgente que prohíba estas prácticas. Mientras, es conveniente saber como defendernos ante ese acoso. Lo primero es pedir a la empresa que se identifique para desenmascarar que no son la asesoría jurídica de la compañía. A continuación solicitarles el documento que les permite tener nuestros datos personales ya que están protegidos por una Ley Orgánica y su cesión irregular da lugar a sanciones muy cuantiosas. Por último dirigirnos a la Agencia de Protección de Datos para denunciar el caso y abra un expediente por dicha cesión que en muchos casos no se ha realizado de forma regular. Siguiendo estos pequeños consejos es posible que nos quitemos de encima a estos molestos acosadores hasta que la legislación entre de lleno en terminar con estas prácticas impropias de un Estado de Derecho.