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Jorge Morales de Labra: “La reforma energética dinamita la seguridad jurídica”

   

jorge morales de labra Director de la  empresa Geoatlanter  e ingeniero industrial

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de Geoatlanter, durante su conferencia. | M.P.

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Con motivo de una conferencia en La Orotava, Jorge Morales de Labra, director de la empresa Geoatlanter e ingeniero industrial, especialista en energías renovables ofrece su opinión a los lectores de DIARIO DE AVISOS sobre el sector que tan bien conoce y que, con la nueva reforma, está de plena actualidad informativa.

-Antes que nada, quisiera que nos dé una breve impresión tras la experiencia en la Universidad Europea de Canarias.

“Siempre me he sentido muy a gusto en Canarias y esta vez no ha sido una excepción. Percibo mucho interés en la población acerca de los temas energéticos y creciente preocupación sobre cómo está evolucionando la política energética”.

-Ya en materia, ¿hasta qué punto depende España hoy de la energía fósil y cómo condiciona esa dependencia su futuro más inmediato?

“La dependencia energética externa supera el 80% de nuestra energía con un impacto devastador. Solo dos cifras: un aumento de tan solo 10 dólares en el precio del barril de petróleo como el que hemos vivido en las últimas semanas tiene un impacto anual equivalente al importe de todas las primas a las energías renovables; y segundo, el saldo de importaciones energéticas fue de nada menos que el 4,5% del PIB en 2012, siendo el único causante de que nuestra balanza por cuenta corriente haya resultado netamente importadora. En otras palabras, si en lugar de comprar energía al exterior la produjéramos nosotros mismos, en vez de tener que pedir dinero prestado lo prestaríamos nosotros”.

-En La Orotava aseguró que hay renovables competitivas. ¿Cree que en Canarias ocurre así? ¿Cuál opina que es la mejor opción?

“En casi dos terceras partes del planeta ocurre. En Canarias es así desde hace años. El coste de generación convencional está por encima de 200 euros/MWh, y subiendo; mientras que, hoy, las tecnologías fotovoltaica y eólica están claramente por debajo de 100 euros/MWh garantizados durante su vida útil (sin riesgo de subidas) y bajando. La mejor opción es siempre aprovechar al máximo todos los recursos renovables: la base hoy debe ser fotovoltaica y eólica; pero no se deben olvidar los posibles emplazamientos de hidráulica (sobre todo con bombeo), biomasa, geotermia y energías del mar”.

-¿Es favorable a las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol junto a Lanzarote y Fuerteventura? ¿Y a la instalación de las plantas gasificadoras previstas?

“Los potenciales beneficios para la sociedad canaria de estas inversiones son escasos mientras que los riesgos que asume no lo son. Sin embargo, si, como sostienen sus promotores, la probabilidad de ocurrencia de un siniestro es mínima, propongo que garanticen las correspondientes indemnizaciones hasta el último euro mediante una póliza de seguros. Ojo, que hablo de garantizar porque la experiencia con el vertido en el Golfo de México de 2011 está siendo nefasta. Basta ir a Google para constatar la dificultad que están teniendo los afectados para cobrar sus indemnizaciones. El caso de la central nuclear de Fukushima, en la que es el propio gobierno japonés el que está inyectando constantemente dinero, la situación es aún más clara”.

-¿La nueva reforma puede provocar un aluvión de demandas por parte de los inversores?

“Sin ningún género de dudas. No estamos hablando de un recorte pequeño, ya que se estiman recortes en los ingresos de más del 30% respecto de lo garantizado en su día por el Boletín Oficial del Estado. Y, lo peor, no todas las actividades del sector eléctrico están siendo igualmente afectadas. Se trata, por tanto, de medias retroactivas y discriminatorias que a buen seguro tendrán que juzgar los tribunales en España y en el extranjero. Eso sí, el daño a la confianza de los inversores y la marca del país es irreversible. La seguridad jurídica de España, vital para la inversión, ha sido dinamitada”.

-¿Cómo se le explica a la gente que el Estado cobre por aprovechar la energía que ofrece el sol?

“Solo se puede explicar si quieren mantenerse artificialmente los ingresos de las compañías que venden energía. Se trata de un escándalo que no tiene precedentes a nivel internacional”.

-¿Quién tiene razón a su juicio: la CNE cuando descarta un régimen especial para las renovables en Canarias o el ministro Soria, que insiste en que lo impondrá?

“Ambos tienen una cuota de razón: el beneficio económico de la implantación de renovables es mayor en Canarias que en la península por la sencilla razón de que el coste de generación convencional es cuatro veces superior en el Archipiélago a la vez que sus recursos renovables son mayores y más estables. No reconocer la singularidad canaria carece de sentido. Dicho esto, lo que opina la CNE -y yo comparto- es que el nuevo sistema retributivo a las renovables que ha ideado el ministro Soria no contempla adecuadamente la reducción de precios que ocasionan, tanto en la península como -en mayor medida- en las Islas. Hacerlo a través de un complemento especial para las Islas resulta inadecuado. En mi opinión, habría que retirar el proyecto regulatorio y empezar de cero a diseñar un sistema que dote de seguridad jurídica a los inversores y que, por sí solo, incentive más la inversión en los territorios donde mayor beneficio económico ocasionan”.

-Por último, ¿qué opinión le merece la central hidroeólica de Gorona del Viento, en El Hierro?

“Lo principal: que habría que haber establecido la retribución antes de comenzar las obras. Además, en mi opinión, debería haber contado con mayor implicación ciudadana en la inversión y haber incrementado las tecnologías en fase de investigación utilizadas de forma que la Isla se constituyera en un verdadero laboratorio tecnológico a nivel internacional. En otras palabras, la tecnología utilizada es bien conocida y, dada la composición accionarial del proyecto, me parece que el isleño no ha tenido oportunidad de ser copartícipe directo de esta”.