TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Los dos ciudadanos absueltos por la Justicia en el llamado caso Nivaria ultiman ya la presentación de reclamaciones compensatorias al Gobierno de Canarias por los perjuicios que aseguran haber sufrido.
Esta solicitud de indemnizaciones para los dos empleados de la empresa Cicerón llega al ser ya firme la sentencia, debido a que el Ministerio Fiscal no presentase recurso a pesar de que en su día pidió un total de 100 años de prisión por unas supuestas torturas que nunca existieron.
Así lo confirmó a este periódico el conocido abogado tinerfeño Juan Manuel Suárez del Torco, uno de los artífices de la referida doble absolución, dictada a finales del pasado mes de julio por la Sección Segunda de la Audiencia.
Este tribunal, presidido por la magistrada Francisca Soriano, rechazó entonces por falta de pruebas las acusaciones de la Fiscalía, que solicitaba durísimas condenas privativas de libertad para los dos acusados.
En concreto, el fiscal achacaba a uno de ellos hasta 16 delitos de torturas por los que solicitaba una pena de cuatro de cárcel por cada uno, mientras que al segundo le responsabilizaba de otros 12 delitos de torturas para los que pidió tres de años de cárcel para cada uno. En total, 64 años para el primero y 36 para el segundo.
Además, se reclamaba que se indemnizara con 10.000 euros para cada una de esas supuestas víctimas que aseguraban haber sufrido vejaciones, humillaciones y golpes durante el tiempo en el que estuvieron internados en el citado centro. Ahora, y tras el allanamiento del Ministerio Público, Suárez del Torco considera que se debe resarcir a su defendido de los perjuicios sufridos por esta causa, que le costó entre otras cosas la pérdida de su puesto de trabajo, un cambio de residencia y otros perjuicios de carácter personal.
No en balde, cabe destacar que este proceso data de hace nueve años, y que los dos implicados ocupaban, cuando tuvieron lugar los hechos, los puestos de subdirector y jefe de seguridad del centro para menores con medidas judiciales Nivaria, hoy clausurado y que tuvo su sede en el monte de La Esperanza, dentro del término municipal de El Rosario.
Ya cobró
En relación con este asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado en los últimos años sentencias favorables a la empresa que en aquellos años regentaba el Nivaria, de la referida asociación Cicerón Siglo XXI, al considerar que la Consejería de Asuntos Sociales del Ejecutivo autonómico les retiró indebidamente la gestión de los cuatro centros que llevaba: el ya citado de El Rosario, los laguneros de Mesa Ponte y Valle Tabares y el güimarero de Hierbabuena.
Dicha rescisión del convenio tuvo lugar en el año 2004, cuando la consejera responsable era Águeda Montelongo, del Partido Popular, y se produjo cuando a la asociación le faltaban entonces cuatro meses para terminar el contrato. Por aquellas fechas se produjeron los arrestos de los dos empleados del Nivaria ahora absueltos.