Un año de cárcel para un guardia urbano de Barcelona que puso 67 multas inexistentes

EUROPA PRESS | Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año de cárcel y a pagar 180 euros a un guardia urbano que puso 67 multas inexistentes a vehículos estacionados en un aparcamiento particular de la calle Gran Vía de la capital catalana, recoge la sentencia.

De septiembre a diciembre de 2010, Iván I., que trabajaba como guardia urbano en Barcelona, se dedicó durante sus horas libres a apuntar los datos de los coches que supuestamente estaban mal aparcados y, cuando tenía un momento, los introducía en el registro a su nombre o al de su compañero -que ha sido absuelto de todos los cargos-.

Según declaró en el juicio que tuvo lugar el 13 de junio en la Audiencia de Barcelona, ponía las mutas a los mal aparcados porque pensaba que estaba haciendo “lo correcto” y porque en ese momento estaba muy nervioso y se sentía presionado en su relación sentimental. “Mi pareja me amenazaba con un cuchillo porque se pensaba que la quería dejar. Yo estaba muy mal”, afirmó en el juicio, y su abogado presentó un documento explicativo del estado psicológico de su cliente, por lo que finalmente se le ha aplicado la eximente incompleta de alteración psíquica.

Para el juez, está “claramente acreditado” que en el momento que Iván I. interpuso las denuncias se encontraba afectado de un trastorno depresivo severo con rasgos psicóticos que reducía de forma notable sus capacidades. Asimismo, el condenado reconoció haber puesto todas las denuncias fuera de su turno de servicio, e incluso introduciéndolas en la PDA con la identificación de su compañero, y que las que se referían a coches inexistentes o que era imposible que estuvieran allí era porque “podía haber transcrito de forma errónea” la matrícula.

El juez ha dictado la absolución del también guardia urbano Adrián G. del delito de falsedad documental del que se los acusaba, ya que su compañero asumió como propias todas las denuncias y él declaró no tener constancia que se hubieran puesto. Adrián G. explicó en el juicio que nunca le dio permiso para usar su clave para registrar las multas, pero que quizás la PDA se podría haber quedado abierta con su número.