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Brígida Mendoza afirma que el copago farmacéutico hospitalario deja «indefensos» a los pacientes «más frágiles»

EUROPA PRESS |

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ha informado este lunes en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias que su departamento ha elaborado un recurso de alzada contra el copago farmacéutico hospitalario, y ha recordado que «deja indefensos a los pacientes canarios no hospitalizados más frágiles, que requieren de medicamentos para tratamientos específicos de patologías muy complejas de elevado coste económico».

Esto supone, a su juicio, «vulnerar el acceso igualitario de un ciudadano a un tratamiento médico que deberá abonar con un dinero que, tal vez, no tiene». Por ello, ha dicho, «esperamos que el Ministerio de Sanidad reconsidere su postura y no obligue a las Comunidades Autónomas a poner la medida en marcha».

En su argumentación, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias advirtió de que «si la intención del Ministerio modificando las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario es recaudatoria, esta medida de copago será de un coste y eficacia cero».

En este sentido, recalcó durante su comparecencia que el Real Decreto Ley establecido por el Gobierno de España «obligará a que los ciudadanos deban abonar una cuantía en proporción con el medicamento que se les dispense en la farmacia hospitalaria».

La consejera también indicó que esta normativa forzará a implantar un complejo mecanismo burocrático y administrativo, costoso y de no fácil implantación en los 10 hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de Salud.

Fármacos afectados por el copago

La nueva medida de ‘copago’ del Ministerio de Sanidad que afecta desde el 1 de octubre de 2013 a los fármacos de diagnóstico hospitalario, incide directamente en 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes.

La consejera detalló que dichos medicamentos se recetan para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama (Afinitor, Tyverb), de riñón (Votrient) o tumores cerebrales (Temodal), entre otros, así como contra la leucemia, la artritis reumatoide, tratamientos de reproducción asistida, o patologías hepáticas; todos ellos de alto coste económico.

Así, por ejemplo «un envase de 168 comprimidos de Incivo de 325 miligramos, para la hepatitis C crónica, cuesta 8.870,40 euros», ejemplificó Mendoza.

«No podemos permitir que 4.000 canarios, ni ningún usuario de la sanidad pública en España, abonen un dinero del que en muchos casos no disponen y que derive en el posible abandono del tratamiento terapéutico y farmacológico que necesitan para que progrese su enfermedad», sentenció la consejera.

Por todo ello, y como ya adelantó la consejera de Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 18 de abril de 2012, «el Gobierno de Canarias ha estado, está y estará siempre rotundamente en contra del copago sanitario por entenderlo socialmente injusto».

También comentó la consejera de Sanidad que las medidas anunciadas por el Gobierno de España traían «letra pequeña» y esta nueva norma de copago -que debió entrar en vigor el 1 de octubre en todo el país- es «una más de una cascada de normas que llegan a las Comunidades Autónomas por la puerta de atrás y sin previo aviso».

Por ello, la Consejería, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha recurrido en alzada ante la Secretaria General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Jubilaciones de profesionales del Servicio Canario de la Salud

La comisión parlamentaria de Sanidad abordó otras cuestiones de interés como el actual proceso de las jubilaciones de los profesionales que trabajan para las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud, del que Brígida Mendoza, recordó que «se han enmarcado en los principios de legalidad y eficacia que debe seguir la Administración Pública por medio de una gestión óptima de los recursos que dispone».

En este contexto, la consejera detalló que a 31 de julio de 2013, se produjeron 306 jubilaciones de las cuales 140 eran de profesionales médicos y 163 de otras categorías.

«Las jubilaciones de los profesionales mayores de 65 años que trabajan en las instituciones sanitarias del SCS son similares a las producidas en otras comunidades autónomas del resto del Estado, pues todos los Servicios de Salud han iniciado, de conformidad con el Real Decreto Ley 20/2012, la jubilación forzosa a los 65 años y no han prorrogado, en general, a aquellos profesionales que en su día se les concedió prolongar en el servicio activo a partir de esta edad», remarcó la consejera.

Esta actuación del departamento regional pretende favorecer la entrada al sistema de nuevos profesionales, cuestión especialmente relevante en el caso de los médicos especialistas (MIR), resultando conveniente en el momento actual posibilitar a estos profesionales a la incorporación al mercado laboral local, máxime si se tiene en cuenta que las jubilaciones de las que se habla se producirían en uno o dos años.

«Se trata de conciliar la renovación de las plantillas con la adecuación de los recursos humanos a las actividades de prestación de servicios sanitarios», explica la consejera, «dado que a 31 de julio se habían contratado a 109 médicos y a 106 profesionales de otras categorías».