Canarias pide al Estado la reunión de órganos colegiados para analizar las nuevas tecnologías en las Comunidades Autónomas

EUROPA PRESS | Santa Cruz

El director general de la Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información (Acisii) del Gobierno de Canarias, Juan Ruiz Alzola, ha remitido esta semana una carta al secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, para que Canarias y las restantes Comunidades Autónomas puedan tratar con el Ministerio cuestiones “vitales” para las islas.

Se trata, por ejemplo, de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, la Agenda Digital para España, la inclusión de las TIC en las estrategias de especialización inteligente requeridas por la Unión Europea, la situación de la televisión digital o la liberación del dividendo digital, entre otras.

Por este motivo, Juan Ruiz reitera la solicitud al Ministerio para que convoque los órganos colegiados en los que participan las Comunidades Autónomas, en particular, la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Catsi).

El director de Acisii aclara también en su escrito que el Ministerio no ha convocado “ni en una sola ocasión” en la presente legislatura los órganos colegiados de participación de las Comunidades Autónomas, por lo que “no ha sido posible” tratar con el Estado asuntos de “suma importancia” para Canarias.

COMISIÓN PERMANENTE

“En el caso particular del Catsi, órgano previsto en la vigente Ley General de Telecomunicaciones, ni siquiera se ha respetado el Real Decreto 1029/2002, norma jurídica reguladora de su funcionamiento que dispone en su artículo 12 que el pleno del Consejo se reunirá una vez al semestre en sesión ordinaria, y en extraordinaria por decisión del presidente o cuando lo solicite la mitad más uno de sus miembros”, explica Ruiz Alzola.

En esa línea, añade que “no parece admisible que una delegación de funciones en la Comisión Permanente pueda desnaturalizar el órgano plenario hasta el extremo de convertirlo en inútil, de tal modo que la Comisión Permanente detente las funciones que el ordenamiento ha asignado al Pleno”.