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El Consultivo reprende al Cabildo por Las Mesas

ZONA RECREATIVA LAS MESAS
Estado actual en que se encuentra el parque de Las Mesas. / DA

N. TORRES | Santa Cruz de Tenerife

El Consejo Consultivo de Canarias considera que no procede la resolución del contrato pedida por el Cabildo de Tenerife en lo referente al proyecto de reforma del parque de Las Mesas en Santa Cruz de Tenerife, paralizado desde hace más de un año, por entender que no es conforme a derecho. Esta resolución, que al parecer es desconocida por el Ayuntamiento capitalino, ya que en el pleno celebrado el pasado viernes, el edil de Obras y Servicios, Dámaso Arteaga, en respuesta a una moción del PP, dijo que no podía dar fecha de apertura del parque al estar pendiente de que se conociera el dictamen del Consultivo a la petición del Cabildo de resolver el contrato, tiene fecha del 27 de junio de este año y en ella se da un fuerte varapalo a los argumentos esgrimidos por la Corporación insular.

Según se recoge en el citado dictamen y al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, fue la UTE adjudicataria la que, en un primer momento, solicitó al Cabildo la resolución del contrato por incumplimiento del primero, una resolución que fue rechazada por la administración insular sin siquiera abrir un expediente. El órgano asesor del Gobierno de Canarias señala que, “lo que no puede hacer la Administración es obviar la cuestión, desconociendo la solicitud resolutoria del contratista sin pronunciarse (…) por la mera inadmisión de plano”.

Incumplimientos

Continua el Consultivo diciendo que no procede la resolución cuando “se acredita falta de diligencia de la Administración en velar por el cumplimiento del contrato, o, justamente, si los incumplimientos del contratista se deben a defectos del proyecto, o fuese desproporcionada a la vista de las distintas vicisitudes acaecidas y en particular, las incorrecciones del proyecto mismo”. La resolución considera acreditado que la paralización de las actuaciones se debe a la existencia de un transformador, “no debiendo la Administración contratar la obra con este impedimento”.
Un proyecto que, recuerda este órgano consultor, afecta a la propiedad privada y que además existe una línea de alta tensión, todo ello, “motivo suficiente para no continuar con los trabajos”. Dada la voluntad de ambas partes por romper la relación contractual, el Consejo Consultivo las invita a resolver de común acuerdo con las consecuencias que ello conllevara.

De no ser así, insta al Cabildo a iniciar un expediente de resolución de oficio pero advierte al respecto que, antes, deberá atender de manera correcta la solicitud de la UTE de resolver el contrato. A esto se une que el contencioso-administrativo contra el reajuste de las anualidades interpuesto por las empresas, aún está sin resolver.