Cumplir la ley – Por Jorge Bethencourt

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha liquidado la creatividad jurídica española denominada doctrina Parot. El Gobierno, noqueado, ha encontrado un hilo de voz para defender que esto no se trata de una excarcelación masiva de etarras y asesinos. Lo cual que está cerca de considerar a los ciudadanos irreversiblemente idiotas. Claro que cada caso tendrá que tratarse de forma individual, recluso por recluso, pero la sentencia abre las puertas a más de setenta presos condenados por delitos de sangre. Y decir otra cosa es mentirse como un bellaco. Pero como no hay nada más español que echar la culpa al prójimo de nuestros propios males, este Gobierno castizo y cañí se ha cargado con el doble trabajo de aceptar con cristiana resignación la sentencia del tribunal de Estrasburgo mientras con la comisura de los labios se da a los mil demonios insultando a los europeos que no entienden realmente lo que pasa en España. Con ello quiere -al mismo tiempo- aceptar responsablemente la decisión del tribunal y captar las simpatías de las desoladas asociaciones de víctimas del terrorismo. Una vela a dios y otra al diablo, de nuevo algo de lo más español. En este país pudimos hacer un Código Penal que castigara el terrorismo o el asesinato con pena de muerte, lapidación, galeras o la perpetua. Pero no lo hicimos. Y tan legítimo es que una sociedad ponga penas severas a sus ciudadanos descarriados como que las ponga más leves. Es una decisión de esa sociedad. Lo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dicho es que no se pueden utilizar las leyes en función de las conveniencias de cada momento, ni retorcerlas para adaptarlas a fines políticos como en el fondo se ha hecho con la llamada doctrina Parot: una puerta trasera, un atajo para sortear el hecho de que no hicimos lo que teníamos que hacer. Las leyes se pueden cambiar, pero no se puede hacer trampas aplicando leyes con efectos retroactivos y llevando nuestro espíritu de Rinconete y Cortadillo también al ámbito de las sanciones penales. España, su gobierno y sus ciudadanos se enfrentan hoy a un hecho tan sencillo como que un determinado número de presos ha cumplido sus condenas de acuerdo con los términos del Código Penal con el que fueron condenados. Asesinos y violadores que tienen derecho a salir de la cárcel. Pretender prolongar sus castigos con ingeniería jurídica es una chapuza. Y además ilegal. Es lo que ha dicho la vieja Europa. Y nos podemos desgañitar, pero tienen toda la razón del mundo.

@JLBethencourt