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En cabeza ajena – Por Jorge Bethencourt

   

Las leyes de Murphy sobre la inevitabilidad del desastre establecen que si algo puede salir mal, saldrá mal. El poder lo sabe. Y por eso se esmera en garantizarnos que los aviones no se caen, que los trenes no descarrilan o que la naturaleza desatada no puede con nuestra seguridad. Pero esa garantía es falsa, como bien aprendemos amargamente de cuando en cuando.

A unas decenas de kilómetros de la costa de Castellón se han tirado 1.300 millones de euros en un proyecto para almacenar gas en el subsuelo marino, en la oquedad de un viejo pozo de petróleo vacío. La empresa Escal UGS y el Ministerio de Industria garantizaron a través de los correspondientes estudios de impacto ambiental que la operación reunía todos los requisitos de seguridad. Todo perfecto.

El escenario de hoy es el siguiente:

1) En las localidades de la costa cercana se han registrado centenares de sismos de diferente intensidad, algunos de ellos preocupantes.

2) Se ha suspendido el proyecto deprisa y corriendo.

3) La Fiscalía ha ordenado a la Guardia Civil -al Seprona- una inspección perfectamente inútil de las instalaciones de la empresa y la comprobación del cese de actividades.

4) El Gobierno ha salido apresuradamente a dar todo tipo de explicaciones.

5) Han surgido voces de científicos que alertan de la cercanía del pozo a la falla de Amposta.

6) El Colegio de Geógrafos de España asegura que, ¡ejem!, el lugar del almacenaje no es el más adecuado…

En resumen, que todo el que no había hablado hasta ahora se está poniendo las botas. Que se han disparado las alarmas y el catastrofismo y que las cañas se han vuelto lanzas, las palabras silencios y las seguridades medioambientales en una caca espichada en un palo.

Pensando en las futuras perforaciones en busca de petróleo en aguas cercanas a Canarias, cabría preguntarse si los estudios de impacto medioambiental de Repsol y las garantías y seguridades ofrecidas por el Ministerio de Industria valdrán algo más del papel en el que están escritos en el caso de un accidente y un escape de crudo. ¿Qué va a ganar Canarias a cambio de ese riesgo? ¿Qué beneficios se quedarán aquí ¿Quién nos indemnizaría en caso de un vertido que nos afecte? ¿Existen medios para luchar contra una marea de chapapote que se acerque a las Islas? Tal vez convenga asumir lo inevitable -que habrá pozos- y empezar a luchar por lo posible: que alguien asuma la responsabilidad.

@JLBethencourt