Funcionarios – Por Francisco Pomares

El Gobierno ha decidido mantener la congelación salarial de los empleados del Estado y hay quien se ha alegrado. Existe una cierta tendencia social a considerar a los empleados públicos como un sector privilegiado y favorecido, con salarios por encima de la media y con empleos asegurados en un momento en los que el trabajo fijo es un bien escaso y muy preciado. Todo eso es cierto, como lo es el hecho de que en todos los ámbitos laborales se ha producido una importante reducción de salarios y una pérdida de poder adquisitivo brutal.

Desde enero de 2010 a agosto de este año, el IPC ha crecido casi un 10% -el 9,3, para ser exactos- y han subido todos los servicios básicos -el agua, la luz, la gasolina, los transportes públicos- al tiempo que disminuían de forma salvaje las prestaciones sociales, y aumentaban los impuestos, las tasas judiciales y académicas, se ponía en marcha el copago sanitario y en las empresas se exigen más horas de trabajo por menos salario. Sin duda, los empleados públicos siguen estando mejor que la mayoría de los empleados por cuenta ajena y autónomos que se ganan la vida con mucha dificultad. De hecho, durante aquellos años de la abundancia en los que seguíamos quejándonos de lo mal que estaba todo, se miraba el estatuto laboral del empleado público como a un espejo igualador: los asalariados soñaban con lograr en sus empresas acercarse a los sueldos, seguridades y privilegios funcionariales, aunque los directivos de las empresas eran perfectamente conscientes de que una carrera funcionarial suele concluir muy por debajo de las expectativas de éxito en el mundo privado.

Ahora las cosas se han puesto duras para todos, y la función pública también se resiente: decenas de miles de laborales y funcionarios de empleo han perdido sus puestos de trabajo en ayuntamientos, empresas públicas y en las administraciones regionales. Y es cierto que aún no ha habido despidos de funcionarios de carrera, pero las plantillas se han contraído por la jubilación de miles de ellos, se les ha aplicado aumentos de jornada laboral y se les han quitado todo tipo de canonjías. Además, la congelación de los sueldos de los funcionarios no es en absoluto una buena noticia. Y no solo para ellos: significa una nueva detracción de recursos para reactivar el consumo y la economía. Los salarios públicos son el verdadero indicador del estado de la crisis. Solo cuando el salario de los funcionarios se descongele, estaremos empezando a dejar la crisis definitivamente atrás. Y para eso, por desgracia, falta todavía mucho.