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El Gobierno canario acusa a Soria de rechazar las alegaciones antes de que se presentaran

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario asegura que los tribunales de Justicia deberán determinar si el ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, cometió alguna irregularidad al anunciar, en pleno periodo de exposición al público de los sondeos petroleros de Repsol, que las alegaciones que se presentarían en ningún caso iban a parar estas prospecciones frente a Lanzarote y Fuerteventura.

Así lo ha manifestado este jueves el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, quien añadió que, en todo caso, «por sentido común, una autoridad no puede dar por resuelto un asunto si falta el trámite de información pública, que está para que presenten sus alegaciones los ciudadanos y las instituciones, porque entonces el Ministerio está dando a entender que todo esto sobra, y ese no es el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico sobre este trámite legal».

Marrero, quien hizo estas declaraciones a preguntas de este diario en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha criticado que «Soria haya dado a entender que todo está ya decidido de antemano, y hasta ha llegado a hablar de plazos para hacer los sondeos, es decir, se ha ido a la política de los hechos consumados» para dar vía libre a buscar hidrocarburos en alta mar frente a las islas orientales.

El portavoz informó de que en el Consejo de Gobierno abordó las alegaciones que presentará el Ejecutivo regional contra el estudio de impacto ambiental de estos sondeos, y que serán dadas a conocer este viernes en rueda de prensa.

Precisamente sobre este mismo asunto, el diputado de IU en las Cortes José Luis Centella ha registrado una pregunta en el Congreso en la que pide al Gobierno de Rajoy explicaciones sobre las referidas declaraciones públicas de Soria, con las que, a juicio de esta coalición de izquierdas, el ministro «ha incurrido en una actuación imparcial que evidencia que ha tomado la decisión de desconocer el contenido de las alegaciones que contradigan la voluntad del Gobierno», vulnerando así la normativa de la UE en esta materia.

Para el coordinador general de IUC, Ramón Trujillo, esta actitud de Soria «vicia» el proceso de información pública, por lo que se debería convocar un nuevo periodo de alegaciones.