Los juicios rápidos tardan un año en celebrarse en esta provincia

José Ramón Navarro Miranda, presidente electo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. / DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

De rápidos sólo tienen el nombre. Con esa crudeza recoge la Memoria de la Fiscalía Superior de Canarias el enorme retraso que sufren estos procedimientos en los juzgados de lo penal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, al punto que en vez de tardar los quince días previstos por la ley estos juicios registran “una demora superior a los doce meses”.

Lo peor es que esta memoria, que recoge profusamente las estadísticas de la Justicia en las Islas durante 2012, se repite con respecto al año anterior, lo que da una idea significativa del enquistamiento de tal atraso.

Tampoco son ajenos al mismo los llamados procedimientos abreviados, cuya “celebración se ve demorada en más de tres años”, tal y como recoge el documento, presentado ayer con motivo de la inauguración oficial del Año Judicial en el Archipiélago.

A este respecto, el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro, reconoció durante el acto que tanto los juzgados de lo Penal como lo de lo Social en esta provincia están prácticamente colapsados, y que agilizarlos es probablemente el principal objetivo que se ha marcado al tomar posesión de su cargo.

Eso sí, resulta evidente -según refleja la Memoria de la Fiscalía- que los profesionales están realizando un esfuerzo considerable por revertir tal situación, a pesar de que los procedimientos de estas características siguen aumentando año tras año, y más después de las reformas efectuadas en materia de Seguridad Vial, que desde hace tres años superan en volumen a los de violencia familiar.

Visto lo cual, La Fiscalía entiende que el remedio para los juzgados provinciales de lo Penal pasa por “algún tipo de solución extraordinaria para solucionar, de forma definitiva y concluyente, tal situación. Medidas que pasan por arbitrar formulas de refuerzo, tanto para los Juzgados, como para la propia Fiscalía”.

Bebés robados

Dentro de la ingente cantidad de datos contenidos en la Fiscalía, llama la atención el hecho de que ninguno de los 68 casos presentadas en las fiscalías de Canarias por supuesto robo de recién nacidos han terminado en una denuncia de la Fiscalía, aunque la situación es muy distinta según la provincia.

Así, en la de Las Palmas se han archivado 26 de los 29 casos expuestos ante la Fiscalía. “Sólo en uno de los casos [archivados] se pudo deducir la posible existencia de alguna actuación irregular, pero los posibles autores habían fallecido y los hechos podían entenderse como prescritos”, explica el documento en cuestión, que apunta que resta por resolverse sobre tres denuncias de particulares presentadas el año pasado. Un dato explica tanto archivo: “las fosas comunes ubicadas en el principal cementerio de Las Palmas de Gran Canaria no guardan registro alguno del lugar e identificación de los fetos enterrados, con lo que resulta imposible la localización de algún resto que nos permita realizar una prueba de contraste sobre la filiación o no de una persona.

Por contra, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se da exactamente la situación contraria: de 37 casos presentados ante la Fiscalía, sólo uno se ha archivado, ya que el resto espera las conclusiones de la investigación policial. “En muchos casos la documentación ha desaparecido, y en algunos casos ha desaparecido el propio centro hospitalario donde el nacimiento tuvo lugar”, explica a este respecto la Memoria de la Fiscalía sobre bebés robados.