Una ley injusta e innecesaria – Por Fernando Clavijo Batlle

El pasado jueves, varios representantes de distintos ayuntamientos del Estado nos reuníamos en el Congreso de los Diputados con el objetivo de convocar una asamblea el próximo día 13 de octubre en Madrid. La intención es que en ese encuentro, para el que se ha citado a todos los alcaldes y alcaldesas de España, se haga pública una declaración conjunta que recoge nuestro malestar y nuestra disconformidad con el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que pretende llevar a cabo el Gobierno del PP, como siempre, de manera unilateral y cuyo debate está previsto en las Cortes para el próximo 17 de octubre. No somos solo los alcaldes y alcaldesas los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma y por ello, el PP debe atender las razones que una inmensa mayoría de ediles, asociaciones y federaciones locales, empleados públicos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales han pronunciado con claridad y contundencia. Por ese motivo, hemos querido recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales en un tema que nos afecta a todos. El anteproyecto no parece tener más objetivo que criminalizar a las corporaciones locales y culparlas de un déficit que no es, ni de lejos, responsabilidad municipal. Sus redactores se olvidan de que, si no fuera por los servicios que prestan los ayuntamientos, la fractura social de este país ya se habría producido hace mucho, toda vez que el Estado y el PP que lo gobierna no hacen otra cosa que ahogar al más débil, como demuestran los vergonzosos presupuestos recientemente aprobados para Canarias. Para que se hagan una idea, y con las cifras en la mano, el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del producto interior bruto (PIB), mientras que su déficit público alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Así que, por más que el PP lo intente disfrazar, aludiendo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, esta reforma es una cortina de humo que encubre varios objetivos más oscuros y, entre ellos, el despido masivo de trabajadores públicos por lo que, de aprobarse, supondría la puntilla definitiva al ya maltrecho estado de bienestar que tanto costó conseguir a nuestros predecesores. Hay unas cuantas preguntas que podrían hacerse a los defensores de esta reforma, con la que no están de acuerdo, siquiera, los propios alcaldes del PP. En primer lugar: si en ayuntamientos como el de La Laguna dejamos de prestar las ayudas a ONG, ayudas de primera necesidad que permiten que los más desfavorecidos sobrevivan, ayudas a la vivienda, atención domiciliaria, escuelas infantiles, ocio formativo, obras en infraestructuras educativas… ¿quién va a prestar esos servicios? La respuesta es muy clara: nadie. Tampoco parecen haberse dado cuenta -cosa que dábamos por supuesta, porque es la tónica habitual- de las particularidades y especificidades de Canarias, donde no sobran consistorios y menos en la especial y durísima coyuntura en la que nos encontramos.

El debate no es si hay o no que quitar municipios, sino si es rentable y, sobre todo, sí, en la situación actual, es admisible que el ciudadano pierda el acceso a la administración a través de su corporación más cercana, que solo supondría un empeoramiento del servicio. Por más que se intente confundir a la opinión pública y arrojar la pelota de la incompetencia a otro tejado, las dificultades de los municipios vienen determinadas por la cada vez más escasa financiación que tenemos para asumir servicios que, efectivamente, nos son ajenos, pero que no vamos a dejar de prestar, mucho menos ahora, porque si no, nadie lo haría. Por ello, en su momento, La Laguna aprobó una moción para solicitar que no se llevara a trámite parlamentario este anteproyecto sin el consenso con los ayuntamientos. Y ahora, amparados por la Fecam y la FEMP, y ejerciendo nuestra responsabilidad, damos un paso más allá en nuestra protesta para que no se ponga en marcha la aprobación de una ley injusta e innecesaria que no haría más que perjudicar a los ciudadanos.

*ALCALDE DE LA LAGUNA