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Lo aperciben por no aceptar más vehículos judiciales

   

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Imagen de archivo de los juzgados de Güímar. | DA

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

Un empresario de la firma Grúas Arafo ha sido apercibido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar de que puede incurrir en un delito de desobediencia si insiste en no aceptar en sus instalaciones el depósito de más vehículos inmersos en procesos judiciales, según consta en la documentación que obra en poder de este periódico.

El apercibimiento en cuestión tiene fecha del pasado viernes y se produce después de que el empresario enviase una misiva al juzgado en la que expone los motivos por los que rechaza la custodia de un vehículo, a pesar de la orden judicial tramitada para tal fin. En dicha carta el empresario aduce que sus instalaciones no son un depósito sino que sirven de almacenamiento temporal para los vehículos retirados en fin de semana, cuando los talleres están cerrados.

El trasfondo de este conflicto radica en la ausencia de depósitos municipales en los que los juzgados puedan consignar aquellos vehículos que por motivos de las causas que se instruyen deben quedar a disposición de la administración de Justicia. Esta ausencia de espacios públicos a tal fin en el valle de Güímar habría desembocado en que la referida empresa soportaría prácticamente en solitario la carga de estos depósitos, a pesar de que en la mayoría de los casos (según el empresario) el juzgado libra del pago del servicio al ciudadano afectado pero tampoco se hace cargo del mismo.

Dicho empresario lamenta que en ocasiones se ha visto forzado a guardar estos coches durante años sin que nadie le abone las facturas, y que en algún mes ha llegado a tener entre 15 de estos vehículos a la vez en sus instalaciones. “Lo peor es que cuando llegan no sabes si van a quedarse un año o dos días”, detalla el afectado.

Por contra, el juzgado en cuestión recuerda en su oficio del pasado viernes de la obligación de colaborar recogida en nuestro ordenamiento jurídico tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la propia Constitución española de 1978. Así, la ley orgánica referida dispone en su artículo 17 que todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida a los jueces.

Por contra, el empresario en su misiva asegura que Grúas Arafo no cuenta entre sus servicios con un depósito de vehículos abierto al público y que la normativa sobre transportes no le permite facilitar servicios que no sean anteriormente contratados.