No me gusta el victimismo, ni el recurso continuo a culpar a los otros de lo que nos va mal a nosotros. Canarias lleva un siglo practicando esa forma de victimismo interior y recíproco que es el pleito insular. Entrenados en ello, desde finales de los años ochenta venimos dando la vara con el argumento recurrente del maltrato de Madrid.
Por supuesto que en más de veinte años ha habido episodios de maltrato y actitudes de incomprensión y desinterés por nuestros problemas. Por ejemplo, el Gobierno de la nación se ha pasado siempre los compromisos del REF por el arco de triunfo, pero aún así Canarias ha logrado compensaciones económicas, inversiones en infraestructuras y llevarse la parte del león de las ayudas europeas, gracias a su consideración como región objetivo uno, primero, y luego a una difusa definición de ultraperificidad, que es la gran aportación del nacionalismo al fuero canario.
Ahora estamos en tiempos de vacas flacas. Los recortes lo alcanzan todo, los gobiernos aprietan a los ciudadanos y se aprietan entre ellos, y los que están abajo acusan a los de arriba de maltrato, desconsideración, abandono, persecución y similares desmesuras. Es un discurso bastante gastado, por exceso de uso cuando no había tal.
La cosa es que ahora si hay caso: el Gobierno Rajoy, además de demostrarnos su incapacidad para cumplir lo que nos prometió, aprieta las clavijas a las administraciones canarias en las que no participa el PP, aplicando en las islas el principio de “cuanto peor, mejor” quizá convencido de que la ciudadanía responsabilizará del actual estado de cosas al Gobierno regional.
Es una práctica injusta: se patea al adversario en el trasero de los ciudadanos, que no tienen responsabilidad alguna en que el Gobierno de Canarias sea de una cuerda distinta a la del PP. De hecho, en las islas se votó en las regionales más al PP que a cualquier otro partido.
Castigar a Canarias reduciendo más que en otras regiones los fondos para empleo, aniquilando las inversiones e incumpliendo sistemáticamente los convenios, es una decisión política.
Si el Gobierno de Canarias no hubiera gastado en fuegos de artificio las denuncias de este maltrato, esa decisión política tendría consecuencias políticas.
El problema es que aquí se habló tanto del lobo, que ahora que el lobo ha venido de verdad, ya nadie se lo cree.