Rebelión de alcaldes – Por Francisco Pomares

Dos mil quinientos alcaldes españoles, convocados entre otros por el de La Laguna, Fernando Clavijo, han anunciado su intención de llevar la reforma de la Administración local al Constitucional, si el proyecto de ley prospera tal y como ha sido planeado por el PP, como un mecanismo para la recentralización administrativa, el control municipal por el Ministerio de Hacienda y el avance hacia la privatización de los servicios sociales.

Al acto, celebrado en Madrid este pasado domingo, no asistió ni un solo concejal del Partido Popular. Incluso quienes creen que el proyecto contiene errores en su formulación y debe ser enmendado, como el presidente del Cabildo grancanario, José Miguel Bravo de Laguna, tildaron el acto de “actuación de una oposición que se opone a todo por principio”.

En el encuentro de Madrid había alcaldes del PSOE, de Izquierda Unida, de Coalición, de Convergencia, del PNV, de Esquerra, del BNG y del resto de los partidos políticos españoles con presencia municipal, con la única ausencia del PP. La concentración de los regidores supone de hecho la mayor manifestación pública realizada por el movimiento municipalista desde su fundación.

Y se ha realizado a espaldas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque su presidente, Íñigo de la Serna -del PP- tras asegurar que la reforma “da respuesta a las grandes reivindicaciones históricas de los alcaldes”, se negó a convocar a los suyos para debatir nada menos que la ley que ha de regular en los próximos decenios el funcionamiento de las Administraciones Locales.

Serna ha actuado así porque sabe que no cuenta con apoyos suficientes en la federación para que se imponga la posición del PP, y ha preferido dejar que los alcaldes actúen al margen de su organización, acusando a los que se oponen a la reforma de la Administración Local de haber roto la unidad de acción del municipalismo. Pero eso no es cierto: quien la ha roto realmente ha sido el propio presidente de la federación, que ha impedido que cualquier debate fuera posible. Si el objetivo no declarado de la reforma de las Administraciones Locales era reducir el poder y la autonomía de actuación de los municipios, ese objetivo ya se ha logrado en parte.

Hoy la FEMP está rota, y lo está porque al PP eso le viene bien para imponer un proyecto en el que no creen ni los suyos.