La reforma del Estatuto, una iniciativa sin futuro – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Ya tenemos al Gobierno de Canarias lanzado hacia la reforma del vigente Estatuto de Autonomía. Sin contar para nada con los demás grupos de la cámara ni con IU, que por estar representada en el Parlamento nacional también debería ser escuchada, CC y PSOE se han echado al monte de la inoportunidad política. De poco sirve que se trate de una propuesta que da cumplimiento a promesas electorales adquiridas por las dos formaciones que sostienen al Ejecutivo autonómico. La forma en que se ha puesto en marcha -con absoluta sorpresa y sin el menor consenso ni contacto previo con los demás grupos políticos parlamentarios- resulta lamentable. El momento elegido para relanzar este asunto es, además, muy inoportuno, con el país pendiente de cuestiones relevantes en materia política y económica, desde la desafección de Cataluña a la recuperación económica, pasando por varias reformas de calado y unas elecciones europeas en poco más de medio año. La propia comunidad autónoma está a su vez atenta a asuntos también trascendentales, como la reforma del REF, el combate contra el desempleo, la rehabilitación turística y el futuro del sector, el imparable incremento de la pobreza y los recortes en materia social y económica a que debe hacer frente el Gobierno para cumplir los límites de déficit público y algunas imposiciones del Ejecutivo central.

Sin apoyos y con el parche electoral
Con este panorama no parecía aconsejable abrir el melón estatutario, como ya pusieron de relieve PP, NC e IU. Para los populares, se trata de una reforma que, en boca de su secretario general regional, Asier Antona, es “una absoluta frivolidad. No es ni urgente, ni oportuna, ni necesaria”. “No la vamos a apoyar”, ni aquí, en Canarias, ni en Madrid, porque el Gobierno debería dar prioridad a “lo que realmente es urgente: la lucha contra el paro, el fracaso escolar, las listas de espera y la pobreza”, lo que “no se resolverá con una reforma del Estatuto ”. Y sobre la razón de la iniciativa gubernamental, Antona cree que se hace “para distraer la atención y tapar con una cortina de humo la propia ineficacia del Gobierno canario”.

En 2006, cuando se propuso la anterior y luego decaída reforma, hubo consenso entre los partidos (PSOE, PP y CC) presentes en el Parlamento. Entonces, ¿qué puede pretender el Gobierno con una iniciativa condenada al fracaso antes de nacer, aunque saliera hacia Madrid con los votos de CC y PSOE? ¿No será que, como apunta Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias, se trata de un “brindis al sol” deliberado -ya que no tiene posibilidades de prosperar en las Cortes-, para no discutir la reforma del sistema electoral a la que se comprometieron, en agosto pasado, todos los grupos parlamentarios canarios, sin perjuicio de modificar el Estatuto de Autonomía, además del propio presidente Rivero en su discurso de investidura?

Más crítico y errático se muestra el coordinador de IUC, Ramón Trujillo, para quien se trata de “una conjura caciquil”, “un engaño miserable” por parte del Gobierno del PSOE y CC, ya que “saben que el PP va a bloquear el Estatuto en Madrid y por eso plantean la reforma de la antidemocrática ley electoral canaria dentro de la reforma del Estatuto”. Trujillo cree que los socialistas tratan de echar sobre el PP la responsabilidad de un fracaso cantado de antemano cuando los tres grandes partidos son los que han bloqueado la democratización de Canarias al permitir que siga vigente una “ley electoral fraudulenta”.

Como en 2007 y 2009
Si se discutiera la proposición de reforma electoral de NC, las próximas elecciones autonómicas podrían celebrarse con la nueva norma en vigor, pero si el Gobierno se empeña en incluir la cuestión electoral en el Estatuto de Autonomía, es seguro que nada se movería en las Islas hasta, al menos, la próxima legislatura, pues es dudoso que en la actual puedan las Cortes entrar a debatir la modificación del Estatuto. De hecho, el PP tiene mayoría suficiente para bloquearla durante el trámite parlamentario, aunque obviamente esté obligado a darle curso legal, en cuanto reciba la propuesta formal del Parlamento canario. En cualquier caso, ¿a qué viene ese empecinamiento gubernamental por incluir la cuestión electoral en el Estatuto? Ninguna otra máxima norma jurídica de cualquier comunidad autónoma incorpora en su texto las normas electorales del territorio, que son fruto de leyes específicas en cada caso, como parece razonable. Ya se apuntó algo al respecto por parte de responsables del PSOE federal, como también se indicó -en este caso lo dijo, en junio de 2009, el entonces vicepresidente Chaves en el Senado en respuesta a una pregunta de José Miguel Ruano- que el Ejecutivo central no tenía ningún inconveniente en desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía, a condición de que contara “con el consenso de las tres grandes fuerzas políticas del Archipiélago”. En aquellos momentos el PSOE se oponía a tal reforma en las condiciones que amparaba también el PP; reforma, por cierto, muy similar a la que el propio Gobierno nacionalista retiró del Congreso de los Diputados en un muy desafortunado gesto que luego muchos dirigentes políticos canarios han lamentado.

Ahora estamos ante una situación similar. Hasta las líneas maestras del Estatuto que se propugna coinciden con las del decaído en 2007 y el que se preparaba en 2009, en este caso con el consenso del PP todo sea dicho. Otro error más porque algunas de las competencias que en su día reclamaba Canarias no fueron aceptadas entonces por el PSOE, que las bloqueó en la correspondiente ponencia parlamentaria, y que con toda seguridad tampoco dejaría pasar hoy el Partido Popular. Concretamente, las referidas a algunos aspectos de la financiación autonómica, la administración de Justicia, el reconocimiento de las aguas canarias como parte del Archipiélago, la fijación de la Zona Económica Exclusiva, así como determinadas atribuciones en materia de costas, puertos y aeropuertos. Ahora, como digo, se insiste en las mismas e incluso mayores pretensiones de autogobierno, lo que personalmente me parece bien, pero dudo que salgan adelante en Madrid. Cosa distinta sería el reconocimiento de las especificidades canarias como región insular y ultraperiférica, el trato diferencial en las políticas sectoriales, la capacidad del presidente del Ejecutivo autonómico para la disolución anticipada del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas, la posibilidad de que el Gobierno pueda dictar decretos-leyes y la mayor participación de las instituciones canarias en las modificaciones del REF. Todos estos asuntos se pretende que sean estudiados y debatidos por los grupos parlamentarios en el seno de la ponencia institucional de la cámara regional canaria, a la que el Ejecutivo de Paulino Rivero ha trasladado el documento de reforma del Estatuto, con el correspondiente texto articulado -201 artículos y 6 disposiciones adicionales, 2 transitorias y 1 derogatoria- para su muy aconsejable puesta al día y en aras de asumir nuevas competencias y, en consecuencia, mayor grado de autogobierno. Todo está muy bien en teoría, pero ¿por qué no se han dado antes los pasos adecuados para la búsqueda del mayor consenso posible? ¿Por qué no se tanteó la disposición del Gobierno central y del partido que lo sostiene mediante un acercamiento siempre oportuno, en lugar de persistir machaconamente en confrontaciones y pleitos?

Canarias necesita reordenar y modernizar todas sus instituciones y resolver sus gravísimos problemas estructurales, además de combatir el paro y mejorar la sanidad, la educación y la atención a los más desfavorecidos y discapacitados de la sociedad, incluyendo la tercera edad. Pero también precisa acabar con cuatro legislaturas de discusiones estériles sobre la reforma electoral. Ahora se propone una reducción a la mitad de las actuales barreras (que pasan al 15% insular y al 3% regional), pero convendría debatirlo en seguida, como cuestión previa, para acabar de una vez, definitivamente, con desencuentros altisonantes, enfrentamientos y fracasos.