El sindicato CSI.F investiga seis casos de “corrupción” en la Administración

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

“No va a escapar nadie”, advirtió ayer el presidente del sector autonómico de CSI.F en Santa Cruz de Tenerife, Javier Galván. La Central Independiente y de Funcionarios ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción “determinados hechos que vienen sucediendo en la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud”. Este es uno de los seis casos de presunta corrupción en la Administración regional que investiga el sindicato.

Galván informó a este periódico de que, el 21 de julio, CSI.F envió una carta a la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, en la que explicaba los hechos “sospechosamente delictivos” que se venían produciendo en el SCS. “Al recibir la callada por respuesta”, comentó Javier Galván, “no nos ha quedado más remedio que acudir a la Fiscalía” para que tome cartas en el asunto. “La ley obliga a los funcionarios a proceder de esta manera”, enfatizó el sindicalista.

Sobre la situación concreta del SCS, el dirigente de CSI.F expuso que “hay suficientes pruebas sobre la existencia de indicios razonables de prevaricación y tráfico de influencias en el procedimiento de pago a determinados proveedores”.

En el escrito que aún espera contestación, y que también firma Esteban Vega Martín, los representantes sindicales de los empleados públicos solicitan la dimisión o destitución inmediata de Joaquín Morales, funcionario de carrera, “que hace caso omiso” a los órganos de control interno. “La sanidad canaria no puede consentir un escándalo de esta naturaleza”, proclamó Javier Galván.

Desde el punto de vista de CSI.F, “las actuaciones descritas han puesto en tela de juicio el impecable, pulcro y correcto funcionamiento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. En lo que respecta al SCS, apuntó Galván, “se ha generando en los operadores económicos [adjudicatarios de servicios y suministros] y en la opinión pública la idea de corrupción con expresa quiebra del bien jurídico protegido común contenido en el conjunto de tipos delictivos que busca la integridad de la propia Administración”.

Estabilidad y eficacia

“Con el objetivo de conseguir la estabilidad y la eficacia”, CSI.F se ha propuesto “colaborar para evitar arbitrariedades mediante el sometimiento a los parámetros de legalidad”.

Galván resaltó que están dispuestos a denunciar “tanto a políticos como a los funcionarios que no obren legalmente”. En este escenario, añadió, “perseguiremos aquellas conductas que vulneren los preceptos de igualdad y transparencia”.