Transparencia – Por José Francisco Fernández Belda

‘Poco dura la alegría en la casa del pobre’, dice un aforismo popular usado para referirse a cualquier beneficio que dura menos tiempo del deseado o una expectativa que se ve rápidamente frustrada. Y si de políticos se trata, creer lo que dicen es temerario, pues hasta el más imprudente o insensato sabe muy bien que una cosa son las leyes y otra muy distinta, además de poco frecuente, su cumplimiento. Es esa inseguridad jurídica, basada en la certeza empírica, una de las causas fundamentales para la desconfianza que los inversores sienten hacia España en general y Canarias en particular. Un ejemplo reciente de cómo predicar con toda serie de aspavientos la bondad una cosa es el caso del Gobierno de Canarias al negarse a informar del coste que tiene para las arcas públicas emitir los partidos de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife por la TVC. Para no revelar las cifras del contrato con Mediapro, el Ejecutivo regional justifica su opacidad en una presunta “cláusula de confidencialidad”, cláusula que al margen de lo que diga o pueda decir tal o cual articulito de una ley absurda, no tiene el menor sentido proponer por el adjudicatario de un contrato público, o presuntamente beneficiario opaco, y menos aún ser aceptada por un representante de la Administración, la de todos y no la de una finca privada de CC y PSC. Convendría recordar que fue el pleno del Congreso quien aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con los votos a favor de PP, CiU, PNV y CC “entre reproches de opacidad y partidismo por parte del resto de los grupos de la oposición”, se decía en las notas de agencia. Por supuesto que los grupos que hablan de “opacidad” están encabezados por el PSOE, Izquierda Plural o ERC. Tal es el convencimiento que suelen tener los políticos de pertenecer a una casta, de ser impunes y de la necesidad de practicar la obediencia debida a quien hace las listas electorales que les permite cobrar un sueldo público, que votan lo que sea menester en un sitio mientras que en otro, para no “botar”, hacen justo lo contrario. ¡Y sin ruborizarse lo más mínimo! Resultaría grotesco que un administrador de nuestros bienes, se negara a informarnos de una operación comercial o financiera que hubiera hecho con nuestro dinero, alegando la existencia de una cláusula de confidencialidad. Como vulgarmente se dice, duraría en el cargo menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Pues sin cortarse un pelo, eso ha hecho el Gobierno de Canarias con este asunto. Encaramados a su atalaya, desde la que sólo ven siervos sumisos donde debieran ver ciudadanos y contribuyentes, no se dignan a dar explicaciones a los legítimos propietarios del erario que ellos sólo administran, al menos legalmente, pues la cosa empieza a no estar tan clara al ver por doquier un día sí y otro también, casos de corrupción pública y judicial, lo que es aún más terrorífico.