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Canarias se ve obligada a tutelar a 50 menores denunciados por sus padres

José Gilberto Moreno
José Gilberto Moreno, director general del Menor, durante la entrevista con este periódico. / JAVIER GANIVET

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Aunque en la mayor parte de los casos no se puede hablar de una relación directa y significativa, lo cierto es que la crisis económica ha aumentado los niveles de presión en el entorno de muchas familias del Archipiélago. Muchas de ellas, con varios o todos sus miembros en paro, se han visto obligadas a tomar decisiones tan difíciles como las de entregar a sus hijos a la Administración para que se haga cargo de ellos. Es el caso de al menos 50 menores isleños de entre 16 y 17 años, que por conductas violentas en el ámbito familiar han sido denunciados este año ante la Fiscalía de Menores, lo que ha provocado que la Consejería de Políticas Sociales tenga que asumir su guarda temporal.

Según explicó ayer a este periódico el director general del Menor y la Familia del Ejecutivo autonómico, José Gilberto Moreno, existen cuatro vías a través de las cuales se notifican este tipo de situaciones: la vía policial, la judicial, la sanitaria o a través de los servicios sociales. “Lo primero que hace cualquiera de estas instituciones es llamarnos a nosotros, aunque si la situación es muy grave, es el propio ámbito jurídico quien recomienda el internamiento en algún recurso de protección o la imposición de una medida judicial”, recalcó José Gilberto Moreno, quien dejó claro que, aunque son chicos jóvenes, “son perfectamente adultos”. “A pesar de que no tenemos una incidencia demasiado grave, sí nos encontramos con algunas situaciones límite; por eso lo denuncian los padres, y por eso en estos casos se aparta a los chicos del contexto familiar”. Una vez existe constancia de la denuncia, el primer paso es identificar si el joven puede seguir viviendo con sus padres o no. “También puede activar este recurso la propia Fiscalía, para evitar que los menores sean enviados directamente a otra casa o a un centro”, subrayó José Gilberto Moreno, quien aseguró que la Comunidad Autónoma cuenta con un sistema preventivo y de intervención con los menores en el ámbito de su propio domicilio o de residencia. “Le damos apoyo con un psicólogo y, para no desestructurar más aún la situación, y en lugar de meterlo en un centro institucionalizado, trabajamos con ellos en su contexto, para que no haya una ruptura definitiva con el entorno familiar”, destacó el director del Menor y la Familia.

Generalmente, después de la intervención de la consejería, en el 70% de los casos se produce la reinserción del menor en su ámbito. Sin embargo, José Gilberto Moreno reconoció que muchas de estas situaciones, contenidas en el tiempo y con el actual contexto socioeconómico, llegan a afectar mucho a las familias. “Y aunque la crisis no está interviniendo directamente ahora, porque las administraciones están obligadas a cubrir las necesidades básicas (alimentación, vestido, sanidad, educación, etc.) de los niños, si la situación económica se perpetúa en el tiempo puede que en el futuro salgan a la luz más problemas de este tipo”. No en vano, Moreno reiteró que las denuncias de padres hacia sus hijos se han “multiplicado por cinco” desde el año 2008.

Al respecto, este periódico ya publicó hace unos meses que en los tres últimos años más de 250 menores fueron amparados en régimen residencial o en acogimiento familiar por el Gobierno regional. De ellos, un centenar fueron entregados por sus progenitores por distintos motivos, fundamentalmente por conductas violentas en el ámbito familiar. En la mayor parte de los casos, puntualizaron desde la Dirección General del Menor, “se intenta que el niño sea acogido por una familia cercana o del entorno familiar, o incluso que la residencia o centro donde se aloje se encuentre en su mismo municipio”. En total, en Canarias hay más de 2.400 niños con una medida de amparo. De estos, cerca 1.400 están acogidos en familias y el resto viven en hogares y centros. “Desde marzo de 2012, prácticamente el cien por cien de los niños declarados en desamparo ya no son ingresados en centros, sino que son acogidos directamente en una familia, algo que nos ha situado como un referente a nivel nacional”, concluyó José Gilberto Moreno.