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La magistrada rechaza las peticiones de nulidad en el caso Mamotreto

   

juicio mamotreto Santa Cruz

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

El ex fiscal general del Estado y defensor de tres de los acusados, Eligio Hernández, manifestó ayer que considera el llamado caso mamotreto “un ejemplo claro de la criminalización de la vida política”. Este asunto, por el que ayer arrancó una vista oral en el juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, dilucida la posible comisión de varios delitos urbanísticos por la construcción de un edificio de aparcamientos en la cabecera de la playa de Las Teresitas prevista en el proyecto del arquitecto francés Dominique Perrault, ya decaído.

En el banquillo de los acusados se sientan hasta cuatro exconcejales de la capital tinerfeña y tres funcionarios del Ayuntamiento, para los que la fiscal, Inmaculada Violán, solicita penas de cárcel.

Eligio Hernández

Eligio Hernández. | FRAN PALLERO

A juicio de Hernández, “esta criminalización de la vida pública es responsabilidad del legislador del 95 [en alusión al Código Penal de ese año], pero algunos jueces y fiscales la han incrementado. El resultado es que hoy se ve en los juzgados de lo Penal temas que son puro Derecho Administrativo” sentencia Hernández, una de las principales personalidades que Canarias ha aportado a la Administración de Justicia en España.

Lo peor del asunto, continúa el jurista herreño, es que “las indeseables consecuencias de todo esto son el desprestigio de la clase política y el tremendo temor que ha generado en la Administración pública a la hora de adoptar cualquier tipo de decisión”.

Hernández, que defiende al exconcejal Norberto Plasencia y a las funcionarias Candelaria Benítez y Loreto Ariz, confía en que “esta causa se convierta en una vara de medir para las supuestas prevaricaciones administrativas”, a la par que recordó que “ni uno de los acuerdos ahora cuestionados fueron recurridos por la vía administrativa”.

El Ministerio Público pide entre 2 y 3 años de cárcel a los tres acusados ya citados, al funcionario Epifanio Gómez y a los exediles Luz Reverón, Manuel Parejo y José Domínguez, por aprobar y modificar el plan para el mamotreto y empezar a construirlo sin los permisos pertinentes, según la acusación.

Acuerdo tácito y mucha lectura

No responden a las preguntas de la fiscal y no cuestionan al resto de acusados. El acuerdo tácito entre abogados defensores desembocó ayer en una jornada insufrible de lectura de declaraciones previas de los encausados, quienes por cierto se remitían a estas. Las líneas de defensa se han basado en solicitar la nulidad de actuaciones y en que había informes favorables para lo acordado.

juicio mamotreto Alfonso Delgado

Alfonso Delgado, presente en la causa como defensor de la exedil Luz Reverón. | F.P.

Delgado: “Lo que ha hecho el PSOE es poco ético”

Eligio Hernández no es el único letrado que se manifiesta sobre lo que consideran injerencia política en este proceso. Así, el conocido abogado tinerfeño Alfonso Delgado, presente en la causa como defensor de la exedil Luz Reverón, no dudó ayer en lamentar “el papel poco ético, desde el punto de vista procesal, que ha jugado el PSOE en este procedimiento”. Cuestionado al respecto, Delgado desveló que “este partido se presentó como acusación popular en el mismo y hoy ha brillado por su ausencia, como ha ocurrido durante toda la instrucción”. Para el letrado, “no es de recibo, y más teniendo en cuenta que se facilitó su presencia en la causa al eximirles de presentar fianza”.

Por su parte, el concejal y portavoz de Por Tenerife-Verdes, José Manuel Corrales, aseguró en un comunicado que con este proceso “se enjuicia una forma de proceder en el Ayuntamiento de Santa Cruz contraria al interés general”. El concejal de XTF considera el asunto un “claro pelotazo de libro”, a la par que reitera su exigencia de que el mamotreto sea derribado inmediatamente y deje de ser un saco sin fondo que ya ha costado a los vecinos casi 9 millones de euros.

Hoy se celebra la segunda jornada del juicio con la presencia de más de una decena de testigos, entre los que se encuentran dos políticos en activo, el hoy concejal de Urbanismo del ayuntamiento santacrucero, José Ángel Martín, y su colega de Puerto de la Cruz, Sebastián Ledesma, así como varios técnicos del Consistorio capitalino, de la Demarcación de Costas y un representante de la constructora.