
Estado actual de la zona.| DA
A. M. S. | Santa Cruz de Tenerife
El proyecto que ideó el arquitecto Dominique Perrault para Las Teresitas ya es historia. Incluso, el Ayuntamiento ha renunciado explícitamente a llevar a cabo el diseño del francés, que auguró que con su trabajo Santa Cruz tendría la mejor playa urbana de Europa. De aquello solo quedan vestigios, el más llamativo es el esqueleto de hormigón de lo que se proyectaba fuera un aparcamiento subterráneo en la cabecera de la playa, con una gran plaza, un paseo hasta la escollera y un viario elevado sobre la desembocadura del barranco de El Cercado.
Esa mole de cemento, que se dio en llamar mamotreto, lleva abandonada años y ha sido esta semana protagonista en un juicio penal ante las posibles irregularidades cometidas en la tramitación administrativa para su construcción. Como todo lo que rodea a Las Teresitas desde hace más de una década, el barullo judicial y los enfrentamientos políticos ha dejado en el olvido lo que realmente se aspiraba a crear en la zona. Y en el caso del mamotreto aún más, toda vez que lo que ve el ciudadano desde hace ya mucho tiempo es una estructura gris, sucia, abandonada e inútil que afea todavía más el acceso a una playa que aspiraba a ser el gran revulsivo turístico de la capital.
Lo que en estos momentos es visible quedaba soterrado en el proyecto diseñado por Perrault, de manera que sería la cubierta de los aparcamientos la que crearía una gran plaza que se prolongaría con un paseo, que descendía hacia el mar hasta llegar al dique. Además, el viario actual se elevaría hasta la altura de la citada cubierta del parking, modificando el acceso actual de la playa.

Recreación de cómo estaba previsto. / DA
La construcción de esta fase del proyecto de Perrault correspondía al Ayuntamiento, tal y como se recogía en el convenio suscrito con la Dirección General de Costas, que, por su parte, se hacía cargo de otra parte de los trabajos que, incluso, llegó a adjudicar y que después, tras el inicio de las denuncias y sentencias que ponían en duda la operación de compraventa de los terrenos -no del proyecto-, rescindió con indemnización incluida a la constructora adjudicataria. De este modo, lo que se está juzgando estos días tiene que ver, precisamente, con la puesta en marcha de las obras de esta parte del proyecto que, entre otras cosas, y más allá del mamotreto en sí, estaban destinadas a eliminar la zona de las casetas de pescadores y el restaurante de la cofradía, operación que correspondía a Costas por estar en Dominio Público Marítimo Terrestre, pero que asumió el Consistorio al entenderse que tenía más facilidad para reubicar a las personas y negocios que se desalojaran de allí.
Actualmente, aún están en pie algunas de esas casetas y, por supuesto, el edificio que alberga el restaurante, y todo dentro del Dominio Público, como siempre ha estado. Pese a que la paralización de las obras dejó abandonada la zona y con un alto coste para su mantenimiento -el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, ha valorado en 10 millones de euros su coste- lo cierto es que se han seguido produciendo trámites que, en paralelo, estaban vinculados a esta estructura, como es el caso del proyecto de ensanche de la desembocadura del barranco de El Cercado y la creación del puente que, pasando sobre el mismo, arribaría, como antes se apuntó, a la cubierta del mamotreto como parte del desarrollo del proyecto de Perrault para la playa. Es más, el 13 de noviembre del año pasado el Ministerio de Medio Ambiente (del que Costas es una subdirección) otorgó al Ayuntamiento la concesión de 2.829 metros cuadrados del Dominio Público para ejecutar esos trabajos, unas obras que se habían separado de las del mamotreto, precisamente, a la espera de la citada concesión . Por tanto, hasta hace poco más de un año el Consistorio no estaba autorizado para ejecutar las obras que no solo mejorarían la desembocadura del barranco ante fuertes avenidas de agua, sino que soterrarían el propio mamotreto para que se convirtiera -ya no solo en los planos, sino también a la vista- en un aparcamiento subterráneo.
Con todo, pocos apuestan -el que menos el actual equipo de Gobierno municipal- por llevar a cabo la idea de Perrault, pero lo cierto es que dentro de lo mucho que se ha dicho estos días en la Sala que juzga el llamado caso mamotreto se ha indicado que la edificación se podría salvar si se modifica el proyecto. Por contra, desde el Ayuntamiento, con acuerdo plenario incluido, se apunta hacia su derribo para dejar atrás no solo varios millones de euros, sino un plan que, más allá de dimes y diretes políticos, administrativos, urbanísticos y judiciales aspiraba a regenerar una playa y mejorar sus servicios a unos usuarios que, al final, han sido los grandes perjudicados de una historia de la que, probablemente, aún se tengan que escribir demasiados capítulos.

Los siete acusados, durante la primera sesión del juicio, que estará visto para sentencia el día 29. | FRAN PALLERO
TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Será el sino del mal llamado mamotreto, que ni para el mote tuvo fortuna de topar con un amigo del diccionario. A semejanza del edificio de aparcamientos previsto para la cabecera de la playa de Las Teresitas, la vista oral que por supuestos delitos urbanísticos se sigue en el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha sufrido un inesperado retraso que ha dejado para la semana que viene la presentación de conclusiones por las partes. El motivo es el viaje al extranjero por parte de uno de los testigos que lo justificó debidamente desde marzo pasado. Y, ciertamente, el retraso no es baladí, ya que entre los abogados defensores se encuentra todo un exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, que ha confiado toda su defensa a dichas conclusiones, al punto que apenas ha pronunciado palabra en las tres sesiones celebradas hasta ahora.
El juicio es mediático y presenta una enorme carga política, ya que en el banquillo de los acusados se sientan hasta cuatro exediles del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y tres funcionarios de alto rango.
Aunque el Ministerio Público no solicita las máximas penas previstas por los delitos que acusa, cierto es que la fiscal pide tres años de prisión para los exconcejales Manuel Parejo Afonso, Norberto Plasencia Vizcaíno y José Domínguez Pastor, así como para la jefa de servicio María Loreto Ariz.
También se piden dos años de prisión para la exconcejal Luz Reverón, en la actualidad subdelegada del Gobierno de España en La Gomera, e igual pena privativa de libertad para los funcionarios Candelaria Benítez y Epifanio Gómez.
En concreto, los delitos que se les imputan son contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en relación al la construcción del edificio en cuestión, presuntamente ilegal por ir en contra de las normas urbanísticas y por invadir el dominio público marítimo terrestre. Unos están acusados por impulsar el proyecto, otros por informar favorablemente sobre el mismo (siempre a sabiendas de que era ilegal) y alguno hasta por iniciar su construcción.
Por lo que respecta a la celebración del juicio, la primera jornada estuvo marcada por el silencio casi absoluto de los acusados, que sólo respondieron a las preguntas de sus propios abogados (si estos las formularon, claro). El que sí habló fue Eligio Hernández, pero fuera de la sala y para denunciar que, a su juicio, se asistía a un claro ejemplo de criminalización de la vida pública. Distinto fue el segundo día, con los interesantes testimonios de los interventores municipales José Luis Roca y Esther Pérez Gómez.
El primero confirmó que, desde que le llegó el tema, puso reparos al informe. Lo malo es que por entonces ya estaban adjudicadas las obras. Eso sí, cuando las irregularidades se subsanaron (la falta de un acta de replanteo, que se presentó en diciembre de 2006, y un informe técnico de adecuación a la legalidad que se presentó en octubre de 2007), levantó tales reparos y, por ende, la suspensión de fondos inherentes a los mismos.
El tercer día fue el de la confusión, ya que técnicos de tres administraciones (la APMUN, Costas y Gobierno de Canarias) dieron distintas respuestas a los mismos supuestos de legalidad o no de la construcción.
Ahora resta que llegue el 29.
