‘No’ sindical a la oferta de Spínola para 3.300 empleados públicos

Empleados públicos que protestaron contra la medida. | DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Los sindicatos rechazaron ayer la oferta del Gobierno canario a 3.300 empleados públicos, que condiciona el abono del salario recortado un 20% en los primeros meses del año a que estos trabajadores recuperen también las horas en que se les redujo la jornada laboral (también el 20%).

Así se lo hicieron saber al director general de Función Pública, Aaron Afonso, los representantes de UGT, CC.OO. Intersindical y Septca, que exigen la devolución del dinero sin esta contrapartida, alegando que las sentencias judiciales ya dictadas a favor de algunos afectados (extrapolables al resto) reconocen la ilegalidad del recorte aplicado y el derecho a percibir el salario devengado sin necesidad de recuperar esas horas. “No podemos pedirles a estos trabajadores que quiten sus demandas y trabajen las horas perdidas a cambio de recuperar el dinero, porque el litigio lo van a ganar todos y además con el abono de intereses, a los que ese caso estarían renunciando”, manifestó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Batista, que enfatizó que “estos trabajadores no fueron culpables de una medida que el Gobierno tomó sin negociarla con los sindicatos, que le advertimos de que era ilegal porque vulneraba el principio de igualdad, al aplicarla solo a una parte del personal autonómico; así que que el Gobierno haya rectificado está bien, pero no a cambio de estas exigencias”.

De esta forma, el dirigente ugetista matizó las afirmaciones del consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, quien anunció que su oferta tenía el apoyo sindical.

Los sindicatos esperan tener una nueva reunión con Gobierno y UGT aboga por convocar con los demás sindicatos de forma conjunta una asamblea general para explicar el estado de la cuestión.

El CSIF, sin representación en la Mesa de la Función Pública, aseguró ayer en una nota que el Gobierno canario, al exigir ahora esta contrapartida “no ha tenido en cuenta que algunos trabajadores tuvieron que seguir asistiendo a su puesto de trabajo, a pesar de tener una reducción de jornada, ni ha pensado en compensar económicamente los gastos de abogados de quienes demandaron, procuradores incurridos, y tampoco ha contemplado el caso de quienes sufrieron los recortes y ahora no van a poder recuperar el horario, es decir, los jubilados durante 2013, el personal que ha finalizado su contrato y el personal con horas extras que no fueron abonadas”.