La oposición pide dimisiones por el error del plan RPT
NORBERTO CHIJEB | Candelaria
Gumersindo García tiene ante sí toda una espiral de problemas. | J. G.
La no admisión a trámite del recurso ante el Tribunal Supremo del Plan Operativo de Recursos Humanos, tras la sentencia en contra del TSJC, ha causado un auténtico terremoto político en el Consistorio de Candelaria, de tal calibre que hasta el propio alcalde tuvo que convocar una asamblea de trabajadores para calmar los ánimos, dado que la sentencia puede dejar sin efecto contratos que, antes de enero de 2010, cuando el plan se aprobó en pleno, eran temporales.
El secretario, Octavio Fernández, se lo hizo saber entonces al alcalde, pero este prefirió los consejos del gerente Juan José Acosta y al asesor Fernando Fariña (también erró en Las Palmas de Gran Canaria). Hoy paga las consecuencias con un acuerdo mixto invalidado y el riesgo de que muchos contratos firmados por funcionarios fraudulentos puedan ser denunciados. Un caos, uno más de los que están pendiente de resolución en una casa que por tener tiene hasta un secretario trancado.
Ante esto, la oposición se une para exigir responsabilidades políticas, para pedir cabezas como las del propio alcalde o la del gerente municipal, sin olvidar la del concejal de Personal.
“Si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio ahora no estaríamos en esta situación con más de 100 trabajadores y familias afectadas por un grupo de gobierno que solo oye y ve por los ojos de un gerente y asesores ajenos al Ayuntamiento”, señala Nazaret Díaz, de CC. “Pedimos responsabilidades a los brazos ejecutores de esta situación empezando por el alcalde Gumersindo [García], seguido por el concejal Paco Pinto y terminando con el figura del gerente Juan José Acosta”, declara Carina Dainotto, portavoz del PP. Mayca Coello, de Sí se puede, advierte que “habrá que ver qué sucede con la multitud de informes jurídicos, licencias y otros procedimientos que firmaron personas que se encontraban laboralmente en fraude de ley”.
El concejal de Personal del Ayuntamiento de Candelaria, Francisco Pinto, ha remitido un comunicado a este periódico en el que señala que “lo único que ha conseguido el concejal no adscrito con su actuación ha sido perjudicar a los 129 trabajadores municipales afectados y crearles una incertidumbre y preocupación que no se merecen, por lo que es una contradicción que ahora se comprometa a ayudarlos”. Pinto señala con respecto al fallo judicial que el Ayuntamiento trabajará conjuntamente con los sindicatos y trabajadores para encontrar la mejor solución a esta situación, para lo cual la próxima semana se convocará la Mesa General de Negociación. Dice también en la nota que, según se desprende de las palabras de José Fernando Gómez, concejal no adscrito, su único fin era anular los puntos que dan estabilidad a los trabajadores hasta la realización de las oposiciones.
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