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Canarias pide decidir sobre costas, tráfico aéreo y permisos de trabajo

pleno del Parlamento de Canarias
El pleno del Parlamento de Canarias, durante la lectura de una declaración institucional. / ÓSCAR MARTÍN

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La reforma del Estatuto de Autonomía que ha propuesto el Gobierno canario al Parlamento regional incluye nuevas competencias para Canarias, entre las que destacan las de transporte aéreo interinsular y la cogestión de los aeropuertos de interés estatal, la gestión de la costa (incluyendo la delimitación del dominio marítimo terrestre y las concesiones administrativas para su uso), permisos de trabajo a extranjeros, predicción meteorológica, telecomunicaciones, y comercio y sanidad exterior.

Asimismo, en el texto planteado por el Ejecutivo regional, se recoge además la participación de la Comunidad Autónoma en la delegación española ante la UE cuando se trate de asuntos que afecten a las Islas en su condición de región ultraperiférica (RUP), y se requerirá también informe previo del Parlamento regional en las iniciativas de las Cortes Generales que afecten al Régimen Económico y Fiscal (REF) canario o la condición de RUP.

Estas son las principales novedades competenciales de la reforma del Estatuto que, con el apoyo de los grupos parlamentarios de CC-CCN-PNC y PSOE, presentó en octubre el Gobierno canario para su debate, aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales, solo con cuyo visto bueno podría entrar en vigor. El documento recoge los puntos ya consensuados entre CC, PSOE y PP en el Parlamento canario en 2006, cuando se aprobó un proyecto de reforma del Estatuto que fue enviado a las Cortes, donde a su vez el PP hizo nuevas aportaciones, aunque finalmente fue retirado en 2007. Sin embargo, el PP canario ha advertido que esta vez no colaborará, al no considerar prioritario ni útil esta reforma estatutaria para salir de la crisis económica.

En cuanto a la inmigración, de salir adelante esta modificación de la carta magna canaria, correspondería al Gobierno autonómico dar los permisos de trabajo a los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle solo en Canarias, en coordinación con el Estado, competente sobre entrada y residencia de extranjeros.

Especial importancia tiene en la nueva propuesta de ley de leyes autonómica el apartado de costas, pues se recoge que Canarias tendría la competencia exclusiva sobre los planes de ordenación y uso del litoral y de las playas, el deslinde de la zona marítimo terrestre y de su servidumbre de protección, así como la gestión de los títulos de ocupación y uso de la franja de dominio público.

Otro de los cambios de gran relevancia propugnados por el Gobierno canario en su documento se refiere a los transportes, pues la Comunidad Autónoma tendría la competencia exclusiva sobre vuelos interinsulares y el resto de medios entre las islas, así como la de definir las las tarifas que se les aplican, además de la participación en la planificación y gestión de los puertos y aeropuertos de interés general que el Estado gestione directamente. Y ello debido al carácter archipielágico y ultraperiférico de Canarias, lo que hace su economía muy dependiente de las conexiones aéreas.

Otra nueva competencia canaria sería la de los los servicios asistenciales correspondientes a sanidad exterior en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma. También tendría la Administración regional poder decisorio sobre telecomunicaciones, para promover un mínimo de servicios de acceso universal, la inspección y sanción, la resolución de conflictos entre operadoras de televisión que compartan múltiplex de cobertura y la gestión del registro de instaladores.

En comercio exterior, en coordinación con el Gobierno estatal, PSOE y CC defienden para la Comunidad Autónoma el derecho de proponer al Estado iniciativas que afecten a las relaciones comerciales con países con los que hay vínculos históricos, es decir, con África y América.

[sws_grey_box box_size=»620″]Los hidrocarburos
Planificar y controlar. El nuevo Estatuto daría a Canarias competencias para desarrollar la legislación estatal de hidrocarburos, pudiendo planificar, autorizar, controlar, sancionar y gestionar las instalaciones de producción, distribución o transporte energético.

Informe previo. Canarias no podría tener ese control sobre aguas estatales, aunque en ese caso sí tendría derecho a un informe sobre el proyecto que el Estado vaya a autorizar.

Aguas canarias. El pretendido Estatuto establecería que el ámbito de la Comunidad Autónoma abarca no solo las islas sino también el mar que las conecta y su espacio aéreo. Por aguas canarias se entiende el mar delimitado de acuerdo con el polígono de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas. Las competencias estatales en la Zona Económica Exclusiva, el mar territorial o el lecho marino podrían ser transferidas o delegadas a la comunidad autónoma canaria.[/sws_grey_box]