NORBERTO CHIJEB | Candelaria
El impuesto de bienes e inmuebles urbanos (IBI) seguirá cobrándose a través del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, tal y como adelantó ayer este periódico, al ser aprobada por unanimidad la propuesta del concejal de Hacienda, Javier Rivero, de dejar sin efectos el acuerdo adoptado en el pleno del pasado 26 de septiembre. En ese pleno se aprobó que el Ayuntamiento de Candelaria pasara a gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar las encomiendas del Consorcio Insular de Tributos, pero tres meses después, el grupo de gobierno consideró oportuno desistir de esa idea, según su concejal de Hacienda, porque “tras la presión de varios ayuntamientos ha habido mayor flexibilidad en el Consorcio” y además “no tenemos suficientes funcionarios para hacernos cargo de esa gestión”.
Javier Rivero recordó que la sentencia en contra del plan de los Recursos Humanos del Ayuntamiento imposibilita la ampliación de la plantilla y negó que hubiera “reculado”, como afirmaba ayer DIARIO DE AVISOS, porque “esa palabra tiene un significado negativo” y considera que esta “rectificación” va a servir para fortalecerse “y ver las cosas de otra manera”.
El concejal de Hacienda no pudo aclarar ayer quién pasará a cobrar la basura, tras quitarle esa potestad a Aqualia, aunque dejó sobre la mesa dos posibilidades: el Ayuntamiento o una empresa público-privada, nunca el Consorcio , entre otras cosas porque el pago tendría que ser anual cuando ahora es bimensual.
También se aprobó la solicitud de créditos por 350.000 y 250.000 euros, respectivamente, para Epelcan y la Empresa de Inserción. La oposición dijo no entender cómo se pedía un crédito, aunque fuera al 3,2% de interés, para una empresa (Epelcan) que teóricamente tuvo unos beneficios o superávit (hubo una batalla dialéctica sobre estos términos) de 1.3 millones de euros.
Su gerente, Cirilo Acevedo, recordó que el año pasado se pidieron 600.000 euros en una póliza de crédito, dinero que no se tocó hasta octubre. “La necesidad de pedir esta póliza es para disponer de liquidez en caso de que se retrasen las subvenciones y atender al personal”, que casi alcanza el millón de euros anuales en salario.