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Piden 25 años de cárcel por la muerte de un hombre en el Sur

   

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Un total de 25 años es la pena de prisión que solicita el Ministerio Fiscal para un joven de 32 años de edad al que se le acusa de ser el autor de los delitos de asesinato y robo con violencia, en hechos acaecidos en marzo del año pasado en San Isidro (Granadilla de Abona).

Se da la circunstancia de que el acusado fue arrestado casi un año después tras una brillante investigación efectuada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, en la que intervinieron miembros del Equipo de Delitos Contra las Personas (Homicidios), Laboratorio de Criminalística y Equipo de Policía Judicial de Granadilla.

El crimen, que fue reconocido por el ahora acusado cuando se le arrestó, tuvo lugar en una vivienda de San Isidro. La víctima, un varón de 41 años, murió por un golpe con una botella de vidrio en la cabeza y posteriormente con un cuchillo le realizó una herida inciso contusa en el cuello.

En la reconstrucción del crimen se logró ubicar a la víctima subiendo horas antes a un taxi, procedente de la zona de Las Verónicas (Arona), en compañía de una segunda persona que no pudo ser identificada en ese momento. El taxi se dirigió a San Isidro, dejando a los ocupantes en una zona próxima a la casa donde luego se le encontró. En realidad, se trata de un segundo domicilio de la víctima. Pero la clave de la investigación llegó gracias a que se logró localizar el teléfono del fallecido, el cual había sido adquirido por un ciudadano que, desconociendo su procedencia, lo había comprado a una persona que hasta ese momento no había sido identificada.

A mediados del mes de octubre de 2012 (el crimen fue el 14 de marzo) se contaba con un sospechoso y con pruebas directas que lo vinculaban, y se daba la circunstancia de que esta persona se encontraba preso en el Centro Penitenciario de Tenerife II desde julio de 2012.

Todo encajó

Cuando se le tomó declaración, el ahora acusado reconoció su participación en los hechos investigados, además de concordar lo manifestado con lo averiguado durante los meses anteriores por los investigadores, indicios todos ellos que le apuntaban como el principal sospechoso del crimen. Se ha acreditado también que esta persona había vendido el teléfono del fallecido. Igualmente, reconoció haber utilizado y tocado varios objetos del interior de la casa del fallecido, como ya habían determinado los resultados de las pruebas forenses.

Ahora, la Fiscalía solicita 20 años de cárcel por el asesinato y otros cinco por el robo con violencia. Es probable que la defensa del acusado centre su argumentación en un caso de legítima defensa.