Aferrados a la cama
Los cuidados a pacientes crónicos son mucho más complejos. | DA
JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Las polémicas declaraciones realizadas por Paulino Rivero sobre los pacientes con el alta médica que continúan ocupando plaza en los hospitales, ha puesto en evidencia uno de los problemas más importantes que arrastra la sanidad del Archipiélago, la falta de camas y el sobrecoste que generan los cuidados de las personas dependientes y con patologías crónicas. En términos globales, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra idónea de camas de larga estancia por cada 1.000 habitantes mayores de 65 años sería de unas 50, media que cumple la mayor parte de países de la OCDE, pero que en estos momentos no está al alcance de España, que según el Ministerio cuenta con 31,1 camas de este tipo por cada 1.000 habitantes.
En Canarias, de las 7.663 camas hospitalarias repartidas en 12 centros públicos y 11 privados, solo unas 200 son plazas de cuidados de media y larga estancia, lo que nos sitúa a la cola del Estado y a años luz de buena parte del continente. Por eso, y teniendo en cuenta que según Rivero hay unos 400 pacientes (unos 300 ocupan camas de centros concertados y el resto permanece en centros públicos) que aun teniendo el alta médica siguen hospitalizados, hablaríamos de un coste diario cercano a los 240.000 euros, a razón de 600 euros al día por cada cama hospitalaria. Esto es, tres veces más que las sociosanitarias.
Este sobrecoste, unido al envejecimiento de la población y a la imperiosa necesidad de mayores cuidados para los pacientes crónicos y dependientes, motivó que las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales acordaran el pasado mes de agosto la aplicación de una orden que tiene por objeto la regulación del régimen de derivación a centros sociosanitarios de aquellas personas que, ocupando plazas hospitalarias en centros propios o concertados por el Servicio Canario de la Salud y habiendo obtenido el alta médica tras finalizar su proceso asistencial, precisan atención sociosanitaria y no pueden retornar a su domicilio habitual. Dicha orden, cuyo procedimiento incluso se llegó a publicar en el Boletín Oficial de Canarias el 10 de septiembre, todavía no cuenta con la memoria económica necesaria para su aplicación, según confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, quienes señalaron que, igualmente, “es objeto de la orden el régimen aplicable a los conciertos que deban celebrarse por la Consejería competente en Políticas Sociales con entidades privadas para la provisión de plazas en centros acreditados del ámbito de la dependencia”.
Según esta consejería, se trata de una “situación especial”, que “debe convivir con todas aquellas personas que están en lista de espera para una residencia”. “Es Sanidad quien hace la solicitud de la plaza sociosanitaria, y estos pacientes deben cumplir todos estos condicionantes”, confirmaron las mismas fuentes, quienes denotaron que “la cifra que dio el presidente se refiere a personas que reúnen la tipología de pacientes crónicos, pero habría que ver si poseen la resolución de dependencia, si han dado el visto bueno a su traslado, si poseen la solicitud de Sanidad para pasarlos a una plaza, etc.”.
Y es que, según explica el director general de Dependencia del Gobierno canario, José Gilberto Moreno,“esta orden permitirá licitar plazas en el concierto privado, porque las de tipología pública están concertadas al 100%, y quienes se presentarán serán residencias privadas, porque para crear nuevas plazas públicas hay que concertarlas”, agregó Moreno, quien niega que se vaya a cobrar por ello a los pacientes. “El copago existe en todos los recursos de la ley de dependencia, aunque las personas que no llegan al mínimo estipulado no pagan absolutamente nada. Esto no significa que vayan a pagar por ir a un centro sociosanitario, porque de hecho la gran mayoría de las personas que se acogerán a esta orden no pagarán nada”, concluye.
A pesar de que la directora del SCS, Juana María Reyes, afirmó que se trata de un problema que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud y que se ha visto agrandado por las dificultades económicas que padecen actualmente las familias y por la falta de recursos de la ley de dependencia, desde el Ministerio de Sanidad consideran “puntual” la situación en los hospitales canarios. Fuentes del departamento que dirige Ana Mato recordaron asimismo que las competencias en materia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas y que “lo general” con este tipo de pacientes es la coordinación en la asistencia entre todos los agentes implicados. Fuentes del Ministerio no achacan el problema a la falta de recursos porque, según manifestaron, el modelo competencial está en marcha desde hace mucho tiempo, y Canarias fue una de las primeras comunidades en asumir las competencias del Sistema Nacional de Salud.
Una opinión que comparten desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, donde destacan que la falta de plazas tanto en residencias asistidas como en camas hospitalarias en toda España, “se ha agravado con los recortes derivados de la crisis económica”. “Se han cerrado camas y recursos sanitarios y se han reducido las subvenciones a las residencias asistidas”, recalcan las mismas fuentes, quienes alertan de que la situación será “incluso más difícil” este año.
José Gilberto Moreno. | DA
Para el director general de Dependencia del Gobierno de Canarias, José Gilberto Moreno, “era una situación que se venía detectando desde hace tiempo, aunque tampoco era una cuestión de emergencia, porque los pacientes estaban siendo tratados en los hospitales o en las clínicas concertadas”. “Pero cuando vimos que estaba ascendiendo la población de mayores entendimos que estas personas debían ocupar plaza en el ámbito sociosanitario, porque es más barato y no tiene un condicionante clínico”, recalcó Moreno.
“En verano cerramos el documento de la orden, que estuvo en exposición pública y recibió las alegaciones pertinentes”, explicó el director general, quien aseguró que “el último paso que falta es la memoria económica, que debe ver la luz en las próximas semanas”. “Consideramos que no habrá ningún problema, porque en este caso es positivo para el Gobierno, porque una plaza sociosanitaria es tres veces más barata que una hospitalaria, y eso nos permitirá incluso incrementar el número de plazas existentes”, recalcó Gilberto Moreno, quien denotó que “los crónicos que estén ocupando una plaza hospitalaria y no pongan impedimento para ocupar una sociosanitaria -una vez que tengamos el consentimiento de la persona o de sus familiares-, permitirán un importante ahorro al Gobierno”. “Los números se harán cuando se apruebe la orden, porque hay que tener en cuenta que todas las personas que se acojan a la misma deberán tener resolución de dependencia, porque hubo un cambio sustancial desde su ingreso en el hospital y no pueden volver a sus casas”.
Portada Edición Impresa
Consulta la portada diaria de la edición impresa o accede a la hemeroteca de ediciones.