Canarias, entre las comunidades con más mujeres víctimas de trata de personas

Muchas víctimas de la trata de personas son testigos protegidos. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Explotadas, vejadas o golpeadas. Muchas mujeres inmigrantes sufren cada día el acoso de mafias que las han convertido en meros objetos, que serán consumidos o utilizados de manera lucrativa a miles de kilómetros de sus países de origen. Son las víctimas de la trata de personas, un fenómeno que va en aumento y que genera beneficios multimillonarios a unos pocos.

Canarias, habitual destino de muchos sin papeles, se ha convertido ya en una de las regiones con más mujeres víctimas de trata, como así atestiguan las cifras del IV Informe de Seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.

En dicho documento, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se expone que el Gobierno concedió en las Islas en 2012 un total de 11 autorizaciones de residencia temporal y trabajo a mujeres víctimas de violencia o explotación, lo que supone casi el 20% del total de permisos excepcionales concedidos en todo el Estado (66). En el conjunto nacional, según el citado informe, de las 976 víctimas de trata con fines de explotación sexual y de explotación sexual identificadas ese año, 377 se encontraban en situación administrativa irregular (el 39%).

La decisión de conceder autorizaciones especiales a las víctimas de la trata de seres humanos en situación irregular en España se tomó en octubre de 2011, cuando el Gobierno decidió ofrecer el permiso de residencia y trabajo “por circunstancias excepcionales” en función de la “situación personal” y al margen de que colaboren con la investigación -en caso de hacerlo, también tienen la puerta abierta a obtener papeles de forma excepcional-. Se trataba de una de las principales novedades de la normativa de Extranjería que recoge el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, cuyo borrador fue elaborado por una comisión interministerial bajo la batuta de la Secretaría de Estado de Igualdad. Este documento establece una atención integral a las personas que sufren algunas de estas situaciones: imposición de un trabajo, servidumbre o mendicidad; explotación sexual, incluida la pornografía, y extracción de órganos. También determina las tareas y responsabilidades de policías, inspectores de trabajo y fiscales y establece mecanismos de coordinación entre ellos. Otorga además un rol significativo a las ONG, que tienen un papel mucho más relevante en el apoyo a las víctimas.

El objetivo de este primer protocolo de actuación ante estos casos prevé herramientas para detectar mejor a las personas traficadas -la mayoría, mujeres forzadas a prostituirse- y proporcionarles una atención integral, incluido un alojamiento seguro. El documento, que se aprobó a finales de 2011, permite de igual modo atajar un problema frecuente: la falta de testimonio de las víctimas impide condenar a los culpables. De paso, cubre las lagunas que existen en el apoyo a los testigos protegidos.

Para las extranjeras en situación irregular que sean víctimas de trata, el texto final del protocolo establece -como lo hace el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería- la concesión de un “periodo de restablecimiento y reflexión” para que sopesen si colaboran o no con las autoridades para investigar el delito. El lapso mínimo es de 30 días, tal como establece la reforma de la ley, de julio de 2011. Puede prorrogarse si lo decide el delegado del Gobierno. Es el encargado de la concesión de este periodo, que no está condicionada a que la víctima declare o colabore. En este tiempo no habrá orden de expulsión -se paralizarán los trámites si estuviera en marcha- y sí una autorización de estancia temporal de la víctima y de sus hijos menores residentes.