CC y PSC se alían para recurrir en tres frentes la reforma local del PP

Barragán y Zarrías, ayer, en la sede regional del PSOE. / FRAN PALLERO

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La polémica nueva ley estatal que rige a ayuntamientos y cabildos no gusta ni a CC ni a PSOE, entre otros motivos porque quita competencias a los municipios, entre ellas las de servicios sociales. Por ello, ambos partidos acordaron ayer promover sendos recursos contra esta normativa ante el Tribunal Constitucional desde la Comunidad Autónoma (a través de una iniciativa en el Parlamento canario), desde los consistorios (para lo que hace falta una séptima parte de los ayuntamientos españoles y que totalicen 7,7 millones de habitantes) y desde el Congreso de los Diputados, con 50 escaños.

El frente común contra la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se perfiló ayer en una reunión desarrollada en la sede regional del PSOE, sita en la capital tinerfeña, con asistencia, entre otros, del secretario de Política Municipal en la Ejecutiva federal de los socialistas, Gaspar Zarrías, y el secretario general de CC, José Miguel Barragán, que acordaron crear un grupo de trabajo con expertos de ambos partidos para preparar los recursos de inconstitucionalidad.

Zarrías argumentó que esta ley “es una chapuza que ni racionaliza ni crea nada sostenible; y provocará distorsiones en los servicios públicos”. A preguntas de este diario sobre la la limitación de cargos públicos con sueldo establecida por esta ley, respondió que en los municipios más pequeños “los alcaldes se quedarán como meros monigotes que solo presidirán la procesión de la patrona, y volveremos a los ayuntamientos de antes de la democracia, en que solo se dedicaban a la política los que tenían medios económicos”. “Alcaldes y concejales deben cobrar sueldos dignos, al igual que un abogado, un albañil o cualquier otro profesional”, apostilló.

Para el dirigente federal del PSOE, la intención del Gobierno del PP al privar a los ayuntamientos de los servicios sociales no es otra que privatizarlos, lo cual hará que sean “más caros y menos eficientes”, y esa es, intuye, la razón por la que esta disposición de la ley se aplaza hasta 2015, tras las elecciones municipales.

Por su parte, Barragán aseguró que el Gobierno canario tendrá listo este año un proyecto legislativo que reforzará a las administraciones locales, de modo que mantendrán la gestión de las competencias en servicios sociales. Así, señaló, se evitará “el lío y el desaguisado en que nos mete esta ley estatal”, pues tachó de “incoherente” que con la actual red de servicios sociales los cabildos tuvieran que crear otra.