X
inmigración irregular >

La cifra de menores extranjeros tutelados cae el 94% desde 2008

   
menores inmigrantes tutelados

Canarias llegó a tutelar a más de 1.300 menores extranjeros no acompañados en el año 2008. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Canarias ya no es el principal destino de las pateras y cayucos que tratan de alcanzar El Dorado europeo. Atrás han quedado aquellas imágenes de sin papeles hacinados en barcazas clandestinas, muchos de los cuales eran menores de edad. Ahora, el férreo control policial y la crisis han desviado las tradicionales rutas de la inmigración irregular, lo que hace que apenas lleguen barquillas hasta el Archipiélago. De hecho, según datos aportados a este periódico por la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno autonómico, el año pasado apenas arribaron a las Islas medio centenar de jóvenes africanos, de los que sólo 24 se encuentran todavía en los distintos recursos de acogida que posee el Ejecutivo. Y es que, en cifras globales, el descenso de menores extranjeros no acompañados que son tutelados por Canarias está en torno al 94% en los últimos cinco años.

No en vano, según las mismas fuentes de la Consejería regional, hasta el 31 de diciembre de 2013 la Dirección General del Menor tutelaba a 83 jóvenes, de los que 8 se encuentran en pisos de acogida gestionados por ONG de la Península (en Murcia, Cáceres y Burgos). Mientras, el resto permanecen en recursos de los cabildos insulares, la mayor parte de ellos en las islas de Gran Canaria (32) y Tenerife (22). Unas cifras que nada tienen que ver con las que se registraron entre 2006 y 2009, cuando Canarias llegó a tutelar a más de 1.300 menores extranjeros no acompañados, lo que obligó a la Consejería de Políticas Sociales a habilitar instalaciones de emergencia en todas las islas. Además, dada la saturación que se vivía en muchos de los centros de menores, donde llegaron a convivir chicos de más de una docena de nacionalidades distintas, se suscribieron acuerdos con organizaciones humanitarias de otras comunidades autónomas, con el fin de dar salida a muchos de esos adolescentes africanos.

En la actualidad, según explica al DIARIO la consejera de Políticas Sociales del Gobierno autonómico, Inés Rojas, “ya no diferenciamos entre menores inmigrantes y nacionales”. “Afortunadamente, hemos podido encauzar hacia la red normalizada de atención a la infancia a todos esos niños, algo que era imposible cuando se producían las llegadas masivas de cayucos y pateras”, recalca Rojas, quien incluso asegura que ante esa bajada tan significativa de las cifras de llegadas de menores, ya no se van a mantener los convenios específicos para menores extranjeros que el Ejecutivo suscribió con los cabildos insulares, “porque todos van a estar en la red normalizada de Canarias, en pequeños hogares de 7 u 8 niños, lo que permitirá avanzar mucho más en la atención y en nuestro proyecto de acogimiento familiar”. Para la consejera, “los menores inmigrantes están plenamente integrados en nuestro sistema de atención a la infancia, y ya no hacemos distinciones con los nacionales, porque todos están tutelados por el Gobierno”. En 2013 llegaron 50 chicos sin papeles, una cifra superior a la registrada en 2012, cuando apenas arribaron 12. “Eso hizo que nos alarmáramos un poco, porque la inmigración realmente es un fenómeno imprevisible, pero afortunadamente quedó ahí”, recalca Inés Rojas, quien confía en que las familias canarias continúen interesándose por el proyecto de acogimiento familiar, en el que también se insertan los menores extranjeros. “El resultado que estamos teniendo es espectacular, por lo bien recibido que ha sido por las familias, incluso las biológicas, que en todo momento saben con quién y cómo se atiende a sus hijos, e incluso hay contacto con ellos y con los padres acogentes”, subraya la consejera, quien deja claro que “el proyecto está coordinado por un equipo multidisciplinar, lo que nos da muchas garantías”.


La apuesta por la reagrupación familiar

A la espera de que el Gobierno del PP apruebe la reglamentación que desarrolle la situación de los menores migrantes en la nueva Ley de Extranjería, el Ejecutivo popular apuesta por la repatriación de los chicos a sus países de origen, algo que choca de plano con la actual normativa comunitaria sobre reagrupación familiar.

En este sentido, la Directiva 2003/86 del Consejo de Europa expone que la reagrupación se aplicará cuando el solicitante sea titular de un permiso de residencia expedido por un Estado miembro con validez igual o superior a un año “y tenga perspectiva fundada de obtener un derecho a la residencia permanente”. En esta materia, el Tribunal de Justicia de la UE se alinea con la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que parte de la negación del derecho a la reagrupación familiar, que Estrasburgo ha reiterado en diversas ocasiones.

El citado Tribunal de Derechos Humanos protege el derecho al respeto de la vida familiar, del cual no forma parte el derecho a la reagrupación de menores en desamparo. En 2012, un informe de Unicef y el Consejo General de la Abogacía Española valoraba el modelo autonómico de intervención con menores extranjeros, pero consideraba que “adolece de una total descoordinación” y que el Estado no lidera esa intervención ni exige corresponsabilidad. No es casual que, pese al mandato legislativo, el Gobierno no haya puesto en marcha aún el Registro de Menores Extranjeros no acompañados, por lo que la disparidad de cifras es absoluta, al igual que las respuestas que ofrecen unas regiones y otras.