Un consejo de 5 miembros elegido por el Parlamento dirigirá la RTVC

Una unidad móvil de la Radio Televisión Canaria. / DA

V. P. | Santa Cruz de Tenerife

Los grupos parlamentarios de CC y PSOE registraron ayer una proposición de ley con la que pretenden que la Radiotelevisión Canaria (RTVC) “se desvincule” del Gobierno regional y “refuerce su transparencia, objetividad e independencia”, según reza la exposición de motivos, en la que se destaca “el profundo cambio” que supone esta nueva regulación con respecto a la ahora vigente, que data de 1984.

Para ello, el ente público contará con un consejo rector encargado de la dirección ejecutiva cuyos cinco miembros serán elegidos por el Parlamento canario por mayoría de dos tercios, si es en primera o segunda votación; de tres quintos, si fuera preciso un tercer o cuarto intento; y por mayoría absoluta, en un quinto pleno. Asimismo, el Parlamento elegirá, de entre los miembros del consejo, a un presidente con un mandato de tres años, que será el único que pueda cobrar con dedicación exclusiva, con el tope salarial de un viceconsejero.

La proposición de ley la presentaron ayer en rueda de prensa los portavoces parlamentarios CC y PSOE, José Miguel Barragán y Manuel Fajardo, respectivamente, junto a la diputada socialista Belinda Ramírez y la nacionalista Nuria Herrera, que mostraron su intención de consensuar el texto con PP, NC y PIL.

Los miembros del consejo deberán tener “formación superior o reconocida competencia” tras ejercer durante al menos cinco años funciones de alta dirección, control o asesoramiento de entidades privadas o públicas (si bien en este segundo caso no se exige formación superior) y personas con “relevantes méritos en el ámbito la comunicación, experiencia profesional, docente e investigadora”, según el tenor de la propuesta. El artículo 10 dispone además que todo el consejo rector cesará cuando los gastos superen lo previsto en el presupuesto anual un 15%, o bien los ingresos propios caigan un 20%.

El mandato de los consejeros será de seis años desde su nombramiento y cada trienio se renovarán dos o tres cargos. Este órgano podrá cesar al equipo directivo de primer nivel del ente público y autorizar el nombramiento del de las sociedades filiales, a propuesta del presidente. También será competencia del consejo aprobar contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos plurianuales o superiores a medio millón de euros, mientras que los de inferior cuantía corresponderán al presidente. Además, la futura ley incluye la creación de un consejo asesor de 23 miembros en el que estarán representados los cabildos; el Gobierno canario; los sindicatos, las organizaciones empresariales; la industria cultural, audiovisual y periodística; así como los consumidores y usuarios. Asimismo, se recoge también la creación de consejos informativos como órganos de participación de los profesionales del ente público, para velar por la independencia en su labor ante la dirección, ente otros fines.