Denuncian en Argentina crímenes del tardofranquismo en Tenerife

La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría. / REUTERS

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Intersindical Canaria hizo público ayer que el pasado mes de noviembre solicitó a la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría que sume a la causa abierta contra el Estado español por crímenes de lesa humanidad los tres asesinatos de carácter político acaecidos en Tenerife en el periodo que media entre la dictadura y la transición (1975-1977) y que llevaron a la muerte de trabajador Antonio González Ramos y de los estudiantes Bartolomé García Lorenzo y Javier Fernández Quesada.

Según explicó en la tarde de ayer a este periódico la coordinadora general del referido sindicato, Lucy Rodríguez, el motivo de no anunciar hasta ahora esta denuncia se debe meramente a que no quisieron “que coincidiera en el tiempo con la reclamación por los asesinados en el municipio grancanario de San Lorenzo, y que también han sido denunciados ante el juzgado argentino”. La motivación que mueve a Intersindical, explica Rodríguez, es que “hay que hacer Justicia contra los que abusaron de su poder para torturar y asesinar, y hay que ir a buscarla allí donde esté”. Por ello, la sindicalista no duda en hacer un llamamiento a “todos aquellos que sufrieron la represión, que fueron torturados, que aún están a tiempo de sumarse a la causa”.

Rodríguez hace referencia a la causa Número 4.591/2010 por genocidio y/o lesa humanidad que contra el Estado Español tramita el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), a cargo de la ya citada Juez María Romilda Servini de Cubría.

Para presentar dicha denuncia, Rodríguez acudió al Consulado argentino de Santa Cruz de Tenerife, (“donde recibimos un trato exquisito”, explica Rodríguez) y allí se hizo una exposición de lo acaecido y se aportaron las pruebas recopiladas (documentación, etc.).

Cabe recordar que el obrero Antonio González Ramos fue detenido y torturado hasta la muerte el 29 de octubre de 1975, por el inspector José Matute. Cronológicamente, el 24 de septiembre de 1976, fue ametrallado en su domicilio por un grupo de policías el nacionalista canario y estudiante Bartolomé García Lorenzo. Finalmente, durante una huelga general celebrada el 12 de diciembre, el estudiante Javier Fernández Quesada fue alcanzado en la espalda por un disparo atribuido a la Guardia Civil frente a la sede central de la Universidad de La Laguna.

Las tres víctimas mortales de la represión en la Isla entre la dictadura y la democracia

Antonio González Ramos
Obrero
Detenido y torturado hasta la muerte por el inspector Matute
Caso perseguido por la Audiencia provincial tinerfeña, que no pudo juzgar al inspector y experto yudoca Matute porque huyó a Venezuela. Sí se le condenó por la paliza a otro obrero, Julio Trujillo, pero no cumplió la pena beneficiado por la Amnistía general de 1977. El relato judicial de lo acaecido en los sótanos del entonces Gobierno Civil ha pasado a la historia de las ignominias de la Isla, incluidos los saltos de José Matute Fernández sobre el plexo solar del detenido, esposado con las manos en la espalda.

Bartolomé García Lorenzo
Estudiante
Treinta balas en la puerta de su casa al confundirle con el Rubio
También en este caso la Audiencia provincial hizo su trabajo, condenando a los seis policías que acribillaron por error a Bartolomé en la puerta de su casa de Somosierra al confundirle con el famoso fugitivo Ángel Cabrera el Rubio, en sentencia que fue ratificada por el Supremo y que, finalmente, también quedó sin efecto. Hasta treinta balas fueron disparadas contra el estudiante cuando este, asustado al ver a gente armada con metralletas, cerró la puerta de su casa. Su muerte fue seguida por jornadas de protesta sin precedentes en la Isla.

Jaime Fernández Quesada
Estudiante
Un disparo en la sede central de la Universidad de La Laguna
El único de los casos sobre el que no hay decisión judicial alguna. Jaime participaba en un acto de protesta en la Central, propio de aquellos días de finales del 77 en los que los choques entre estudiantes y antidisturbios eran habituales en La Laguna. Sin embargo, aquel día hizo acto de presencia la Guardia Civil, que irrumpió en el campus. Un disparo acabó de modo fulminante con la vida del estudiante en una carga a fuego del todo improcedente que sesgó una vida innecesariamente y marcó a toda una generación de jóvenes canarios.

Responsables, algunos supuestos

En la relación de los presuntos autores de los crímenes que costaron la vida a Antonio incluida en la denuncia presentada por Intersindical Canaria en el consulado argentino se encuentran el comisario José Matute Fernández, que actuaba bajo responsabilidad del Gobernador Civil, Modesto Fraile Pujalde. Por el caso de Bartolomé los policías Juan José Merino Antón, Antonio del Arco Martín, José María Vicente Toribio, Ángel Dámaso Estrada, Juan Gregorio Valentín Oramas y Miguel Guillermo López García; todos ellos bajo responsabilidad del gobernador civil, Rafael Mombiedro de la Torre. Finalmente, en el caso del asesinato de Javier Fernández Quesada, los autores de los disparos no han trascendido, estando en aquel entonces como responsable de la Guardia Civil el gobernador y luego diputado de Coalición Canaria, Luis Mardones Sevilla. Este aseguró entonces que había sido un francotirador el que abatió al estudiante lagunero.