El Estatuto – Por Leopoldo Fernández

No sé por qué se empeña el Gobierno de Canarias en seguir adelante con la reforma del Estatuto de Autonomía cuando no existe el consenso deseable para sacar adelante un proyecto de esta importancia. Si una de las tres grandes fuerzas políticas presentes en el Parlamento decide no participar en la elaboración del texto reformado, y esa fuerza es además la que sostiene al ejecutivo nacional, la revisión nace muerta. Muerta porque no cuenta con el respaldo de una parte relevante de la cámara legislativa canaria. Muerta porque el Partido Popular ya ha anunciado que bloqueará el texto que se envíe al Congreso de los Diputados. Le dará el trámite que corresponda, pero con las artimañas legales a su alcance podrá demorar su aprobación por tiempo indeterminado. Desde luego, para que no se apruebe en la presente legislatura. Con el riesgo de que pueda decaer o de que el propio gobierno canario lo retire -como se hizo, en un clamoroso error de cálculo, en la etapa de Adán Martín- porque se produzcan circunstancias que así lo aconsejen. Por ejemplo, un nuevo modelo de financiación autonómica que trastoque algún aspecto esencial del texto estatutario. O que se anticipe la reforma constitucional y convenga inspirarse en alguna de sus eventuales aportaciones a los efectos de garantizar el blindaje de diversos aspectos del REF, según quede recogido en la Carta Magna. Es cierto que, al acceder al Gobierno de Canarias, CC y PSOE pactaron la revisión del Estatuto. Pero también acordaron la reforma electoral y ahí seguimos, pese a que se trata de un asunto importantísimo al que se le siguen dando largas en función de no se sabe bien qué intereses. ¿Por qué no se prepara de una vez una ley electoral y se saca esta cuestión del propio Estatuto canario?¿ A qué viene ese empecinamiento de incluir la cuestión electoral en la norma autonómica cuando, para deslindar perfectamente ambas cuestiones políticas, ninguna otra comunidad ha llevado adelante semejante iniciativa? En lo que atañe al PP, de nuevo ofrece a la ciudadanía un comportamiento errático y desconsiderado. Aunque sea cierto que la revisión estatutaria no parece cuestión urgente en comparación con asuntos tan graves como el combate contra el paro, la pobreza, la desestructuración social o la reforma de la arquitectura político-administrativa de Canarias, su participación en la redacción del nuevo texto resulta inexcusable porque no puede dejar de lado sus responsabilidades parlamentarias, menos aún cuando apoya la revisión estatutaria. También debería oponerse a las pretensiones obstruccionistas del PP nacional, que ha abierto cauce a la revisión de los estatutos de la Comunidad Valenciana y de Murcia, pero no al canario. ¿Por qué?