ETA toma la iniciativa – Por Carlos Carnicero

Está a punto de suceder que Mariano Rajoy pierda el control, incluso, de los asuntos que parecían enfocados. Si la deriva de Cataluña no tiene otro dique que la inacción del presidente, el final del terrorismo está amenazado por la recuperación de la iniciativa de ETA, cuya estrategia está protegida, también, por la falta de un plan del Gobierno para conseguir la disolución de la banda sin ventajas políticas para ellos. ETA se ha movilizado a partir de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y de las excarcelación de algunos de sus más sanguinarios asesinos.

La controversia entre estamentos judiciales, la prohibición de manifestaciones y la falta de criterio unánime sobre lo que es enaltecimiento del terrorismo ha dejado una brecha en la política antiterrorista del Gobierno por donde se ha colado la banda terrorista.

ETA todavía tiene el control de sus presos en la cárcel. Y para la dirección de la banda, la situación de los reclusos no es una prioridad. El Gobierno confiaba en que su política de supuesta firmeza y de silencios hará caer la fruta del árbol por la presión de las familias de los presos para conseguir su paulatina excarcelación. Y el Gobierno está enrocado en su convicción de que sin entrega de las armas y anuncio de disolución no hay nada de lo que hablar. Firmeza motivada, también, por los familiares de las víctimas vigilantes de una política sin concesiones.

ETA ha retomado la vía política y pretende comprometer al Gobierno Vasco en una causa común a favor del modelo catalán, pretendiendo consultas sobre el derecho a la autodeterminación. Lo que se discute sobre este complejo tablero no es si la lucha terrorista está liquidada, sino la imagen que quede de ETA el día después.

ETA ha encontrado unas vías para reivindicar la pretendida grandeza de su historia y sus crímenes. Y el soporte de esa reivindicación es no pedir perdón claramente por sus crímenes -que envuelven el un conflicto político en los que ellos solo han sido una parte- y conseguir demostrar que siguen teniendo una voz política desde las macabras siglas de la organización terrorista. La política antiterrorista del Gobierno es una entelequia de la que no se conocen más que declaraciones de principios. Y el sistema judicial español no tiene unidad de criterio frente a los actos que protagoniza la banda. Lo razonable sería un gran acuerdo que incluyera al PNV y en el que la fiscalía general del Estado tuviera ideas e instrucciones claras de la forma de actuar. Para eso el presidente del Gobierno debiera demostrar que tiene un plan y compartirlo con la oposición.

A Mariano Rajoy también se le está escapando este grave problema, que parecía controlado, de las manos.