NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Una vez que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha cumplido con la corrección de los reparos (45) y subsanado las objeciones planteadas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) del Gobierno de Canarias, el Plan General de Ordenación (PGO) de la capital ya está listo para entrar en vigor. Lo hará con toda probabilidad a finales de este mismo mes, una vez que el Gobierno de Canarias, tal y como este confirmó a la Gerencia Municipal de Urbanismo, lo publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Acto seguido, como explicó ayer el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, se comenzará a trabajar para dar solución a las áreas suspendidas, siendo el primer punto a tratar el del fuera de ordenación: “Vamos a revisar, uno a uno, los 1.700 inmuebles que conforman el catálogo, un documento en el que ya tenemos mucha de la información necesaria pero que hay que cribar. Confiamos que entre julio y septiembre de este mismo año ya podamos tenerlo solucionado”. Una solución que según Martín alcanzará al 80% de estos edificios, unos 1.360.
El primer teniente de alcalde detalló que el análisis consistirá en ver qué parte del edificio es de uso residencial, qué parte de otros usos, “y a partir de ahí, individualizadamente, ver cuál es la solución de cada uno”. Martín, que estuvo acompañado por el director técnico de la Gerencia, Fermín García, tras la reunión técnica que envío el PGO a la Cotmac, reconoció que la modificación legislativa llevada a cabo en el parlamento regional va a permitir la diferenciación entre los inmuebles que obtuvieron un título habilitante para su edificación y los que no. “Hay zonas como El Toscal donde ya hemos hecho ese trabajo a través del Plan Especial y ahí la mayor parte de los edificios están en una situación consolidada”, explicaba García. “Por tanto, -continuó- creo que el problema es grande pero las soluciones son muchas y variadas”.
Sin edificios ilegales
El concejal de Urbanismo aseguró que “no existen edificios ilegales en Santa Cruz de Tenerife” y que, bajo ningún concepto, se va a legalizar nada que se construyera en su momento sin licencia, “son ilegales y por lo tanto no las vamos a legalizar”, añadió.
Lo que sí se va a hacer es reconocer los parámetros urbanísticos que se recogían en las licencias originales de los inmuebles que ahora están en fuera de ordenación: “Se va a reconocer la ciudad que existe y no se va a permitir crecimientos en áreas saturadas” resumió Martín. En cuanto a los inmuebles que finalmente sean catalogados de ilegales porque han violado su licencia o que se queden en fuera de ordenación, “se les aplicará la ley que les corresponda a cada caso”. Una vez que se solucione el fuera de ordenación, las otras dos líneas sobre las que va a actuar la Gerencia es cambiar los ámbitos fuera de la legalidad y arreglar el resto de suelos urbanizables.
Respecto a la legalidad de algunos de los ámbitos suspendidos, Martín puso como ejemplo el área de Costa Cardón. Ahí, resumió, los trabajos van a consistir en adecuar el suelo a lo que establece el PIOT (Plan Insular de Ordenación del Territorio) que lo califica como rural ambiental y que por tanto “no es urbanizable”. Explicó el edil que en laderas con inclinaciones superiores al 50% “no se puede construir” y en lo que al suelo del barranco se refiere “tampoco se puede urbanizar porque está protegido, así que devolveremos ese suelo a su estado original”.
El otro gran objetivo que abordará la Gerencia de Urbanismo será el de devolver la clasificación de rural a la gran mayoría del suelo calificado como urbanizable en el Suroreste. “Este Plan deja prácticamente sin suelo rural a Santa Cruz, se puede construir casi en cualquier parte menos en el Parque Rural de Anaga y gracias a que la ley lo protege”, comentó con ironía el concejal de Urbanismo.
Martín señaló que la mayor parte de suelo urbanizable se concentra en el Suroeste, donde se prevé una superficie “inmensa” ya que el PGO estima un crecimiento de la ciudad para cubrir las necesidades de 250.000 habitantes.
“La realidad es que estamos perdiendo población y no tiene ningún sentido mantener ese suelo urbanizable porque no es ejecutable y los documentos tienen que reflejar un modelo de ciudad adecuada al territorio”, explicó. Martín apoyó está decisión en el cálculo hecho por el expresidente del Colegio de Arquitectos de la Demarcación de Tenerife, Federico Rodríguez Barba, que aseguró que hasta el 2020 hay stock de vivienda suficiente en Santa Cruz para no construir más.
Planes especiales
El último de los puntos abordados por el primer teniente de alcalde reflejó la necesidad de ordenar los distintos puntos de la ciudad a través de planes especiales, “un instrumento” que les permite “trabajar más al detalle que un documento como el PGO” aunque cree “que no es el mejor para ordenar una ciudad” pero que les da “el marco jurídico para dar seguridad a los inversores”.
Martín sin embargo quiso matizar que antes de someter el PGO a modificaciones, “primero debemos tener todo el plan en vigor y luego ya nos ponemos a planificar”. Así, cuando eso suceda, “habrá que analizar otras situaciones como por ejemplo el el Plan Especial de La Alegría, el primero de una serie de planes que tienen que surgir en toda Anaga, porque son barrios que tienen unos problemas de construcción en ladera a los que hay que darle soluciones y para eso está el planeamiento”.
Martín finalizó su intervención señalando: “Son retos que tenemos ir mirando en los próximos años y son lo que queremos dejar encauzado dentro del Plan”.
José Ángel Martín aseguró ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz no solo se prepara para acudir a la vista que tendrá lugar el próximo día 22 sobre la causa civil del llamado caso Las Teresitas sino que estudia nuevas vías para reclamar de manera definitiva la propiedad del frente de playa, puesta en cuestión tras los última documentación presentada por el propio Consistorio y en la que se recogería que el frente de playa ya era de la ciudad cuando esta pagó por ella. “No descartamos otras fuentes para recuperar el dinero que el Ayuntamiento desembolsó, hay otros ámbitos, además del civil, a los que podemos acudir para defender los intereses de la ciudad”, aseveró el concejal de Urbanismo.
Preguntado sobre cuáles eran esos otros ámbitos, aclaró que se trata de “nuevas causas civiles o contenciosos administrativos en defensa de los derechos de la ciudadanía”. De esta forma se busca que sea un juez quien ratifique lo que se defiende desde el Consistorio, que se pagó por algo que ya era de la capital. En cuanto al desarrollo del proceso civil que se avecina, Martín aseguró que el Consistorio está preparado para defender los derechos de la ciudad y confió en que “la jueza atienda a nuestras argumentaciones y acabe dándonos la razón y se nos devuelvan las cantidades que demandamos”.
Aseguró el edil que en ningún momento se buscó paralizar la causa civil con la presentación de nueva documentación. “Solo creímos que era importante que la jueza la conociera para que fuera ella la que decidiera si debía o no paralizarse”, explicó José Ángel Martín.