El Gobierno de Canarias envía una señal a los inversores urbanísticos

Reunión del Consejo de Gobierno, ayer en Santa Cruz de Tenerife. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

En la senda de la recuperación económica, el Gobierno de Canarias no quiere dejar piedras por el camino. En esa dirección, ayer colocó una señal en el recorrido para atraer a los inversores inmobiliarios. El Ejecutivo regional ha remitido al Consejo Consultivo el anteproyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.
Uno de los objetivos de esta iniciativa es, en palabras del portavoz, Martín Marrero, “favorecer la confianza” mediante un proceso de “adaptación a la evolución socioeconómica” del Archipiélago. Se trata, recalcó, de “agilizar los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental y urbanístico”.

Desde esa perspectiva, se persigue que haya “más rapidez en la toma de decisiones y más celeridad administrativa”. Eso sí, “sin descuidar la protección del medio ambiente ni la disciplina urbanística”, aspectos que, incidió Martín Marrero, “son fundamentales para la sostenibilidad”.

Simplificar y consolidar el desarrollo en un momento de grandes oportunidades. Esa es la filosofía de la futura ley, que descansa sobre dos pilares: la salvaguarda del medio ambiente y la obediencia urbanística.

Bajo la supervisión del consejero Domingo Berriel y del vicepresidente, José Miguel Pérez, la armonización busca “clarificar el extenso cuerpo legislativo sobre el particular, acorde con la normativa europea”. Este documento “se complementa con la medidas urgentes de agilización pero maximizando el cuidado medioambiental”. Así lo expuso el titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente durante una comparecencia ante el Consejo Económico y Social (CES). El texto salió a información pública en octubre de 2010. Marrero achacó el retraso a la circunstancia de que la ley básica del Estado no se aprobó hasta diciembre del año pasado.

Conforme a la ley 21/2013, serán sometidos a una “evaluación ambiental estratégica ordinaria” los planes y programas, así como sus modificaciones, que adopte una Administración y cuya elaboración venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente.
En función del alcance de la actuación, se fijan varios niveles de observación.